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El Senado debatirá una reforma sobre la propiedad privada: qué cambia para la compra de campos por extranjeros

El Senado tiene previsto tratar un proyecto de ley que introduce modificaciones en el régimen de propiedad privada y que, entre otros puntos, elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa también contempla cambios en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

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La propuesta será debatida en una sesión convocada para el jueves, donde el oficialismo buscará avanzar con su aprobación junto a otros temas incluidos en el temario.

Qué cambia para la compra de tierras rurales

Uno de los principales aspectos del proyecto es la eliminación de los límites vigentes para que personas o empresas extranjeras puedan adquirir campos en Argentina.

No obstante, la iniciativa establece excepciones para determinadas operaciones.

Los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán comprar tierras rurales, salvo que cuenten con la autorización de la provincia donde se encuentra el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, las operaciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera también requerirán la aprobación tanto de las autoridades provinciales como del Gobierno nacional.

Otro punto incorporado al proyecto establece que, si transcurren 180 días sin objeciones por parte de los organismos competentes, se aplicará el principio de silencio administrativo, permitiendo que la operación quede autorizada.

Cambios en los desalojos

La iniciativa también modifica el procedimiento para determinados desalojos.

En casos de usurpaciones o tenencias precarias, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble mediante un trámite más rápido, siempre que el propietario presente documentación que acredite su derecho sobre la propiedad.

En esas situaciones, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas.

Para los inquilinos con deuda de alquiler, el proyecto establece que el propietario deberá enviar previamente una notificación otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación antes de iniciar el proceso judicial.

Si el incumplimiento continúa, podrá solicitar el desalojo, cuyo trámite deberá concretarse dentro de un plazo de 10 días hábiles.

En los casos en que haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes para garantizar una solución habitacional transitoria.

Cómo serían las expropiaciones

El texto dispone que la declaración de utilidad pública deberá estar debidamente fundamentada y aplicarse de manera restrictiva.

Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante y determina que los intereses se calcularán utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa correspondiente del Banco Nación para depósitos a 30 días.

Modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego

El proyecto propone eliminar la prohibición que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras agropecuarias afectadas por incendios.

Sin embargo, se mantiene la prohibición de cambiar el destino de los bosques nativos y humedales incendiados, conservando la restricción de 60 años prevista por la legislación vigente.


Lectura rápida

¿Qué debatirá el Senado?
Un proyecto de ley que modifica el régimen de propiedad privada.

¿Qué cambia para la compra de campos por extranjeros?
Se eliminan las restricciones generales, aunque habrá requisitos especiales en algunos casos.

¿Qué ocurre con las zonas de frontera?
La compra requerirá autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

¿Qué pasará si no hay respuesta de las autoridades?
Si transcurren 180 días sin objeciones, la operación podrá quedar autorizada por silencio administrativo.

¿Qué cambios propone para los desalojos?
Establece un procedimiento más rápido para usurpaciones y fija nuevos plazos para desalojos por falta de pago del alquiler.

¿Qué modifica sobre el manejo del fuego?
Elimina la restricción de 30 años para cambiar el uso de tierras agropecuarias incendiadas, pero mantiene la protección de bosques nativos y humedales durante 60 años.

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