El Senado analiza un proyecto que elimina restricciones para la compra de tierras por extranjeros
La Cámara de Senadores llevará adelante este jueves una sesión en la que debatirá una serie de iniciativas de fuerte impacto político y económico. Entre ellas sobresale el proyecto sobre propiedad privada, que propone eliminar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, además de incorporar un mecanismo de desalojo acelerado para inmuebles usurpados.
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📲 Click AQUÍ La propuesta forma parte del paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional y fue incluida en el temario acordado con distintos bloques legislativos. Junto a ella también se tratará el proyecto destinado a autorizar el pago de acuerdos alcanzados con acreedores internacionales y una extensa nómina de designaciones para el Poder Judicial.
Cambios en la compra de tierras rurales
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la eliminación de las restricciones actuales para que extranjeros puedan adquirir campos y otras propiedades rurales.
Según la iniciativa, las provincias serán las encargadas de autorizar estas operaciones, siempre que en la transacción no participe de manera directa un Estado extranjero.
No obstante, el texto mantiene una prohibición específica para que gobiernos extranjeros, empresas controladas por esos Estados o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con capital estatal extranjero puedan adquirir tierras en el país.
Además, se ratifica que cada provincia conservará la jurisdicción sobre su territorio, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
Desalojos más rápidos para casos de usurpación
El proyecto también modifica el procedimiento para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. La figura del denominado “desalojo exprés” se aplicará únicamente cuando se trate de propiedades usurpadas.
Para los conflictos derivados de contratos de alquiler continuarán vigentes los mecanismos habituales, aunque se establecen algunos cambios en los plazos.
El propietario deberá intimar al inquilino por un período de 10 días, mediante una notificación fehaciente enviada al domicilio físico o electrónico informado en el contrato. Incluso si el destinatario rechaza la comunicación o esta no puede concretarse por causas atribuibles a él, la notificación será considerada válida.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación, con un plazo estimado de 10 días hábiles.
Modificaciones en las expropiaciones
Otro apartado del proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con un criterio restrictivo y que el Estado tendrá la obligación de justificar de manera clara los motivos que fundamenten una expropiación.
Asimismo, se fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, aspecto que no tenía límite en la versión original de la iniciativa.
También se determina que los intereses correspondientes se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación para depósitos a treinta días.
Cambios en la legislación sobre incendios rurales
La propuesta también modifica las normas relacionadas con el manejo del fuego.
En caso de incendios ocurridos en campos destinados a actividades agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales o áreas periurbanas, se elimina la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 30 años.
En cuanto a los bosques nativos, seguirá vigente la prohibición de cambiar el destino de las superficies afectadas por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años que contemplaba la legislación actual.
Acuerdo con acreedores internacionales
Otro de los proyectos que llegará al recinto busca autorizar al Poder Ejecutivo a cumplir los acuerdos alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
La iniciativa prevé un desembolso total de 171 millones de dólares, distribuidos en un pago de 67 millones para Bainbridge y otros 104 millones para Attestor.
El Gobierno sostiene que esta medida permitiría cerrar litigios internacionales y evitar posibles acciones judiciales sobre activos argentinos, incluidas las acciones de YPF.
Según el cronograma oficial, el Estado nacional necesita contar con la aprobación legislativa antes del 30 de junio, fecha límite establecida para concretar los pagos y formalizar el cierre de los procesos judiciales vinculados a esos títulos públicos.
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