Le rechazaron el reclamo por compras fraudulentas y la Justicia condenó al banco a indemnizarla
La Justicia de Olavarría condenó a una entidad bancaria y a una administradora de pagos a compensar económicamente a una usuaria que denunció consumos realizados con su tarjeta de débito tras un robo. La resolución judicial cuestionó el accionar de ambas empresas por no haber restituido los fondos y por la falta de información brindada durante el proceso de reclamo.
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📲 Click AQUÍ El caso se originó en febrero de 2024, cuando la mujer se encontraba de vacaciones en la ciudad de Mar del Plata. Al llegar al hotel donde se hospedaba, descubrió que le habían sustraído la billetera, en la que guardaba tarjetas de crédito y débito de distintas entidades financieras.
Ante la situación, la clienta realizó las denuncias correspondientes y solicitó el bloqueo inmediato de los plásticos, además del desconocimiento de las operaciones efectuadas sin su autorización.
Compras realizadas tras el robo
De acuerdo con la documentación analizada en la causa, una de las tarjetas pertenecía a una cuenta bancaria vinculada a una caja de ahorro. Con ese medio de pago se registraron cuatro compras por un total de $61.999,89 luego de la sustracción.
Inicialmente, las entidades involucradas acreditaron de manera provisoria los montos cuestionados. Sin embargo, tiempo después decidieron revertir esa devolución y volvieron a descontar el dinero de la cuenta, argumentando que las operaciones habían sido realizadas por la propia titular.
Frente a esa decisión, la mujer inició una demanda judicial al considerar que no recibió explicaciones claras sobre el procedimiento utilizado para rechazar su reclamo.
Falta de información y protección al consumidor
La demandante sostuvo que existió un incumplimiento de los deberes de información y protección establecidos por la normativa de defensa del consumidor. También cuestionó la falta de transparencia en el análisis de las operaciones observadas.
Durante el proceso se acreditó que la clienta había realizado los reclamos dentro de los plazos establecidos y que las devoluciones inicialmente otorgadas fueron posteriormente anuladas bajo el argumento de que se trataba de “consumos verificados como propios”.
La magistrada interviniente concluyó que ni el banco ni la administradora aportaron elementos suficientes para explicar cómo se investigó el caso ni cuáles fueron los fundamentos concretos para rechazar el desconocimiento de los gastos.
La responsabilidad de las empresas
En la sentencia se remarcó que las entidades financieras y las compañías vinculadas a los sistemas de pago poseen una obligación especial de colaborar con la producción de pruebas, ya que cuentan con acceso a información técnica que los usuarios no tienen a su alcance.
Al no demostrar adecuadamente la legitimidad de los consumos, el tribunal consideró válidos los planteos de la clienta y determinó la responsabilidad solidaria de las demandadas.
Además, se destacó que las normas de defensa del consumidor imponen obligaciones específicas relacionadas con la seguridad de las operaciones y el deber de brindar información clara, completa y accesible.
Qué indemnización ordenó pagar la Justicia
La resolución judicial dispuso la devolución de los $61.999,89 correspondientes a los consumos desconocidos, junto con los intereses generados desde el momento en que la damnificada advirtió la quita de los fondos.
Asimismo, el tribunal reconoció una compensación de $1.000.000 por daño moral, al considerar acreditadas las molestias, la incertidumbre y el destrato sufrido durante el proceso de reclamo.
Por otra parte, la jueza fijó una sanción adicional de $250.000 en concepto de daño punitivo, al entender que existió una conducta negligente por parte de las empresas al no brindar información adecuada ni garantizar un trato digno a la usuaria.
La sentencia también rechazó el planteo de falta de responsabilidad formulado por la administradora de pagos, concluyendo que su participación en la operatoria la convertía en corresponsable de los perjuicios ocasionados.
Finalmente, las costas judiciales fueron impuestas a ambas demandadas, que deberán afrontar los gastos derivados del proceso.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Una mujer sufrió el robo de su tarjeta de débito durante unas vacaciones y detectó compras realizadas sin su autorización.
¿Cuánto dinero le habían descontado?
Los consumos cuestionados sumaban $61.999,89.
¿Qué hizo el banco?
Inicialmente devolvió el dinero, pero luego revirtió esa acreditación al considerar válidas las operaciones.
¿Qué resolvió la Justicia?
Determinó que el banco y la administradora de pagos no demostraron adecuadamente que las compras hubieran sido realizadas por la titular.
¿Cuánto deberá cobrar la clienta?
- $61.999,89 por daño material
- $1.000.000 por daño moral
- $250.000 por daño punitivo
- Más los intereses correspondientes.
¿Por qué aplicaron daño punitivo?
Porque el tribunal entendió que existió falta de información, incumplimiento de las obligaciones hacia el consumidor y ausencia de trato digno durante el reclamo.
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