La Justicia pide informes al Gobierno por una licitación en Olivos y Casa Rosada
La Justicia federal avanzó con un pedido formal al Gobierno para que remita toda la documentación vinculada a una licitación pública destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno, trámite que había sido impulsado desde el área que conduce Karina Milei.
La medida fue dispuesta por el fiscal Ramiro González, quien busca reunir información antes de definir si corresponde iniciar una investigación penal. En ese sentido, dejó en claro que no se adoptará una decisión apresurada hasta conocer en profundidad el estado del proceso administrativo.
El funcionario judicial sostuvo que: “dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
El eje de la sospecha
El planteo gira en torno a la participación de dos empresas en la compulsa. Según se detalla: “Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Este punto resulta clave, ya que podría implicar una simulación de competencia, algo que la normativa vigente busca evitar en los procesos de contratación pública.
Origen de la causa
El expediente judicial se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, dirigida contra la secretaria general de la Presidencia. Entre los posibles delitos señalados se incluyen fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.
Pagano, quien en sus inicios formó parte del espacio oficialista, actualmente se encuentra distanciada políticamente de ese sector.
La licitación bajo análisis corresponde a la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia.
Lectura rápida: preguntas y respuestas
¿Qué pidió la Justicia?
Solicitó el expediente completo de una licitación pública vinculada al mantenimiento de espacios verdes oficiales.
¿Quién tomó la decisión?
El fiscal federal Ramiro González.
¿Por qué aún no hay investigación formal?
Porque primero se busca analizar información clave sobre el estado del proceso.
¿Cuál es la principal sospecha?
Que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo grupo económico, generando una posible competencia ficticia.
¿Quién impulsó la denuncia?
La diputada Marcela Pagano.
¿Qué delitos se mencionan?
Fraude, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
¿Qué licitación está en cuestión?
La Licitación Pública N° 23-0005-LPU26.
