La Fiscalía pidió decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal federal Diego Luciani solicitara avanzar con el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario.
El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2 y forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de bienes impulsado por la fiscalía, con el objetivo de cubrir el perjuicio económico estimado por la Justicia en más de 685 mil millones de pesos.
Según trascendió, el inmueble donde reside la exmandataria integra un listado de activos que, de acuerdo con la acusación, estarían vinculados al entramado patrimonial investigado en la causa por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.
La propiedad tiene además un fuerte peso simbólico, ya que se trata del domicilio donde Cristina Kirchner permanece detenida tras quedar firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
Pero el planteo judicial no se limita únicamente a ese departamento. La fiscalía también pidió incorporar al decomiso un amplio conjunto de bienes, entre ellos:
- 141 inmuebles vinculados a la familia Kirchner y a empresas relacionadas con Lázaro Báez
- 46 vehículos
- Más de 4,6 millones de dólares hallados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner
- Cuentas bancarias en dólares y pesos
Entre los activos incluidos aparecen además propiedades emblemáticas como el hotel Hotel Alto Calafate, el hotel Hotel La Aldea y distintos inmuebles y terrenos ubicados en la provincia de Santa Cruz.
En su dictamen, Luciani sostuvo que los condenados no realizaron ningún pago para cubrir el monto fijado judicialmente y remarcó que eso habilita el avance sobre sus bienes patrimoniales.
Además, argumentó que el volumen de activos detectados evidenciaría “fortunas desproporcionadas” en comparación con los ingresos declarados oficialmente.
Ahora será el TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el encargado de definir si estos bienes se incorporan formalmente al proceso de decomiso.
Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar la ejecución patrimonial.
La discusión podría terminar nuevamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá un papel clave en las futuras decisiones vinculadas al destino de los bienes decomisados, incluyendo posibles subastas o asignaciones estatales.
Con este nuevo pedido, la fiscalía profundiza la estrategia orientada a recuperar activos vinculados a la causa Vialidad y amplía el alcance patrimonial de una de las investigaciones judiciales más relevantes de la política argentina reciente.
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