Nueva Ley de Glaciares: las provincias ganan poder y se redefine qué zonas quedan protegidas
La reciente aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley de Glaciares introduce cambios de fondo en la protección del ambiente periglacial, con un eje claro: mayor intervención de las provincias en la definición de áreas protegidas y habilitadas para actividades económicas.
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📲 Click AQUÍ El nuevo marco legal apunta a reformular los criterios vigentes desde 2010, cuando se sancionó la Ley 26.639, que estableció límites estrictos para preservar glaciares y zonas aledañas consideradas clave para el equilibrio hídrico.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que los gobernadores pasan a tener atribuciones para determinar qué áreas periglaciares deben protegerse y cuáles pueden destinarse a proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería. Esto implica, en la práctica, una reducción del control directo del Estado nacional sobre estos territorios.
La iniciativa fue promovida por el Gobierno nacional con el respaldo de mandatarios provinciales, principalmente de regiones con fuerte potencial minero, como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza. El objetivo es atraer inversiones millonarias bajo el esquema del RIGI, incluido en la Ley Bases aprobada en 2024.
En cuanto al contenido, la reforma introduce una modificación clave: se eliminan las restricciones automáticas para realizar actividades extractivas en zonas periglaciares. A partir de ahora, estas tareas podrán avanzar si cuentan con una evaluación de impacto ambiental favorable.
Otro cambio importante es el criterio para definir qué áreas deben protegerse. Hasta ahora, la preservación se apoyaba en estudios técnicos que determinaban la relevancia hídrica de cada zona. Con la nueva normativa, ese enfoque se mantiene, pero con una diferencia sustancial:
si no se demuestra científicamente que el área aporta recursos hídricos, puede quedar habilitada para su explotación.
El debate también giró en torno al Inventario Nacional de Glaciares, herramienta creada por la ley original para identificar y registrar estas formaciones. Mientras algunos sectores sostienen que el relevamiento está desactualizado, otros advierten que las limitaciones responden a problemas históricos de financiamiento.
Cabe recordar que los glaciares en Argentina cumplen un rol estratégico: alimentan 39 cuencas hidrográficas a lo largo de unos 3.500 kilómetros de la cordillera, siendo una fuente clave de agua para distintas regiones.
Con este nuevo esquema, el país entra en una etapa donde la discusión entre desarrollo productivo y protección ambiental vuelve a quedar en el centro de la escena, ahora con un mayor protagonismo de las provincias en la toma de decisiones.
Lectura rápida | Preguntas y respuestas
¿Qué cambia con la nueva ley?
Se modifican los criterios de protección en zonas periglaciares.
¿Quién decide ahora qué áreas se protegen?
Principalmente, los gobiernos provinciales.
¿Se podrán hacer actividades mineras?
Sí, si cuentan con evaluación de impacto ambiental aprobada.
¿Qué pasa si una zona no tiene función hídrica comprobada?
Puede habilitarse para explotación económica.
¿Qué rol tenía la ley anterior?
Establecía protección más estricta y control nacional.
¿Por qué impulsan estos cambios?
Para atraer inversiones, especialmente mineras.
¿Cuál es el principal punto de conflicto?
El equilibrio entre cuidado ambiental y desarrollo productivo.
