Presentan denuncia judicial contra Manuel Adorni por contrataciones y concesión de Tecnópolis

Una denuncia penal fue impulsada contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública y en la concesión del predio de Tecnópolis.

La presentación fue realizada por la diputada Marcela Pagano, integrante del monobloque Coherencia, quien solicitó que la Justicia investigue posibles delitos vinculados a la administración de recursos estatales.

Según el escrito, las sospechas se centran en licitaciones vinculadas a servicios de mensajería masiva y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, ambos bajo la órbita estatal durante el período 2025-2026.

Uno de los puntos principales de la denuncia es la adjudicación de un contrato por más de $3.650 millones a la empresa ATX S.A., destinado al envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierte la posible existencia de vínculos societarios entre distintas firmas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría comprometer los principios de competencia y transparencia.

Además, el planteo menciona variaciones de precios en licitaciones similares y la reiteración de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

En paralelo, la denuncia pone el foco en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones, gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En este caso, se señala un posible conflicto de interés, al mencionar la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Asimismo, se describen conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el documento, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación judicial y la realización de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.

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