Con la reforma de Glaciares como eje, el Gobierno posterga el nuevo financiamiento universitario

El oficialismo definió que el primer gran objetivo legislativo del año será avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, y relegó por ahora el tratamiento del nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.

La iniciativa ambiental es clave para el presidente Javier Milei, quien buscará exhibirla ante inversores internacionales en el evento “Argentina Week” en Nueva York. En ese contexto, desde el bloque oficialista admiten que el debate universitario no será acelerado en el corto plazo.

El proyecto de financiamiento apunta a reemplazar la ley 27.795, impulsada por la oposición y vigente desde el año pasado, aunque el Ejecutivo no la aplica en los términos establecidos. La cuestión ya derivó en un frente judicial: el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción de amparo y el juez federal Enrique Cormick dictó una cautelar vinculada a su implementación.

La Casa Rosada decidió enviar su propia propuesta para evitar conflictos judiciales y ordenar el esquema presupuestario. El texto oficial contempla recuperar durante 2026 el salario real perdido en 2025 —estimado en 12,3%— mediante tres incrementos escalonados del 4,1%, pero no reconoce la caída cercana al 38% registrada en 2024. La ley vigente, en cambio, obliga a recomponer desde diciembre de 2023, cuando se produjo el mayor salto inflacionario.

También existen diferencias en los gastos de funcionamiento: el proyecto del Gobierno prevé actualizar partidas en 2026 solo si la inflación supera el 14,3%, cifra tomada como referencia para el Presupuesto 2026, mientras que la norma actual ordena recomposiciones por los desfasajes de 2024 y 2025.

En materia paritaria, la propuesta mantiene la obligación de convocar negociaciones al menos cada tres meses, pero elimina la cláusula que exigía actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación del INDEC.

Respecto a las fuentes de financiamiento, el Ejecutivo plantea cubrir los gastos con partidas específicas de educación universitaria y, de ser necesario, recurrir a Obligaciones del Tesoro. La ley vigente, en cambio, establece que no deben afectarse recursos de coparticipación ni aportes del Tesoro Nacional y habilita financiarse con mayores ingresos corrientes.

Otro punto destacado es la asignación de más de 80 mil millones de pesos para reforzar el sistema de salud universitario, sin atarlo a la dinámica inflacionaria.

Con el nuevo equilibrio parlamentario tras el recambio legislativo, el oficialismo considera que este año tendrá mayor margen para imponer sus condiciones. Sin embargo, una vez que el proyecto comience a debatirse, se prevé una fuerte movilización de la comunidad universitaria, que ya anticipa medidas de fuerza si no se garantiza una recomposición más amplia.

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