Autorización excepcional: Nahir Galarza salió de prisión para visitar a un familiar en estado crítico
El permiso concedido responde a criterios excepcionales contemplados por la Justicia en situaciones de gravedad familiar. Aun así, la medida reavivó la atención pública sobre uno de los casos más resonantes del país.
Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, fue trasladada en las últimas horas desde la Unidad Penal Nº6 de Paraná hacia Gualeguaychú tras recibir un permiso judicial extraordinario.
La medida tuvo como objetivo permitirle despedirse de su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en fase terminal, en un contexto considerado de carácter humanitario.
El traslado se realizó bajo estrictas condiciones de seguridad y con total reserva, según trascendió. “Fue bajo un extremo secreto y estrictas medidas de seguridad”, indicó el periodista local Carlos Challiol.
La autorización fue otorgada tras un pedido de la defensa, que argumentó el vínculo cercano entre la joven y su familiar. Luego de evaluar la solicitud, la Justicia habilitó una salida limitada, por única vez, para concretar la visita.
El operativo se llevó a cabo en el domicilio donde permanece internada la abuela. Finalizado el encuentro, Galarza fue trasladada nuevamente al penal, donde continúa cumpliendo su condena.
Un caso que marcó la agenda judicial
El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2017 en Entre Ríos, cuando Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos disparos por la espalda. El cuerpo fue hallado en la vía pública, junto a su motocicleta.
El 3 de julio de 2018, la Justicia declaró a Nahir Galarza culpable de homicidio agravado por el vínculo, imponiéndole la pena de prisión perpetua. En el proceso se descartó que la víctima hubiera ejercido violencia previa.
La joven se convirtió en la persona más joven en recibir una condena de este tipo en la historia judicial argentina, con 19 años al momento de la sentencia.
Claves del caso y la salida excepcional
El permiso otorgado a Galarza responde a criterios humanitarios previstos en el sistema judicial, que contemplan situaciones excepcionales como enfermedades graves o terminales de familiares directos.
Aunque se trató de una salida puntual, el hecho volvió a poner el caso en el centro de la escena pública, dado el impacto que tuvo desde su origen y su relevancia en la agenda judicial del país.
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