Allanamientos en la AFA por una causa que investiga movimientos financieros y una propiedad en Pilar
La investigación apunta a reconstruir el circuito de fondos y posibles irregularidades en operaciones realizadas fuera del país.
La Justicia federal avanzó con una serie de procedimientos en instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de una investigación que apunta a presuntas irregularidades económicas y a la vinculación con una propiedad en la localidad de Pilar.
Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Adrián González Charvay, quien dispuso allanamientos tanto en el predio de Ezeiza como en la sede de la calle Viamonte, con el objetivo de recolectar documentación clave para el avance de la causa.
Los operativos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina y se centraron en el secuestro de material en formato físico y digital. En particular, la investigación busca reconstruir la trazabilidad de movimientos bancarios y contables, además de reunir información sobre operaciones vinculadas a la firma TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.
La causa unifica dos líneas de investigación: por un lado, un presunto lavado de dinero relacionado con una vivienda en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y por otro, el supuesto manejo irregular de fondos en el exterior a través de la empresa mencionada.
En el expediente ya se incorporaron contratos firmados entre la AFA, durante la gestión de su presidente Claudio Tapia, y la compañía investigada para la administración de recursos fuera del país. También se sumaron balances de la firma, aportados por la Inspección General de Justicia.
Con estas nuevas medidas, el magistrado busca obtener elementos que permitan respaldar o descartar irregularidades en los movimientos de dinero, en una investigación que sostiene que parte de los fondos, por montos millonarios, podrían haber sido derivados a empresas sin actividad real.
Por el momento, las órdenes judiciales están enfocadas exclusivamente en la recolección de pruebas documentales. No se prevén detenciones ni el secuestro de teléfonos celulares en esta etapa del proceso.
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