Polémica por la nueva oficina digital del Gobierno: especialistas alertan que el Estado no puede “chequearse solo”
La reciente decisión del Ejecutivo de crear una estructura oficial destinada a refutar publicaciones consideradas falsas en redes sociales abrió un fuerte debate entre expertos en comunicación pública y verificación de datos.
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📲 Click AQUÍ Un análisis elaborado por una organización especializada en fact checking advierte que la llamada “Oficina de Respuesta Oficial” no cumple con los estándares internacionales de verificación, principalmente porque depende directamente del propio Gobierno. Para los especialistas, esto la deja fuera del concepto de control independiente y abre la puerta a posibles prácticas de presión o señalamiento contra periodistas y ciudadanos.
Desde el entorno presidencial se sostiene que el objetivo es exponer maniobras mediáticas y políticas, pero los analistas coinciden en un punto central: el Estado no puede funcionar como árbitro de su propia gestión.
El riesgo de ser juez y parte
Las entidades dedicadas al chequeo profesional trabajan bajo reglas claras establecidas por la International Fact Checking Network (IFCN), que exigen autonomía editorial, transparencia en los métodos, claridad en el financiamiento y correcciones públicas cuando hay errores.
Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, advierte que ningún organismo gubernamental debería presentarse como fuente imparcial de verificación.
En la misma línea, Clara Jiménez Cruz, directora del medio español Maldita.es, remarca una contradicción de fondo:
“El fact checking existe para exigirle explicaciones al poder. Si el poder se controla solo, desaparece la rendición de cuentas”.
Más control del discurso y menos acceso a la información
El informe también señala una inconsistencia dentro de la actual administración: mientras asegura combatir la desinformación con “más datos”, se modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, incorporando nuevas limitaciones.
Además, registros oficiales muestran que el gobierno actual es el que más solicitudes de información dejó sin responder, superando a las gestiones anteriores.
No se trata de un fenómeno aislado. En Argentina ya existieron experiencias similares, como “Confiar” durante la pandemia, el observatorio “Nodio” y más recientemente un ciclo digital impulsado desde la vocería presidencial.
También hay antecedentes en otros países de la región, como “Brasil Contra Fake”, “Infodemia” en México o cuentas oficiales creadas con fines similares en Ecuador.
Tanto organizaciones periodísticas como referentes opositores expresaron su preocupación y alertaron que este tipo de herramientas puede transformarse en mecanismos encubiertos de hostigamiento hacia voces críticas.
🧭 Lectura rápida
— ¿Qué creó el Gobierno?
Una oficina oficial para responder y desmentir contenidos en redes sociales.
— ¿Por qué genera polémica?
Porque depende del propio Ejecutivo y no es independiente.
— ¿Qué dicen los especialistas?
Que el Estado no puede auditarse a sí mismo y que eso contradice los principios del fact checking.
— ¿Cuál es el principal riesgo?
Que se use como herramienta de presión o persecución contra periodistas y ciudadanos.
— ¿Hay antecedentes?
Sí, en Argentina y en varios países de la región.
— En pocas palabras:
El control del discurso desde el poder despierta alertas por su impacto en la libertad de expresión y la transparencia pública.
