La Justicia deberá definir un amparo contra el DNU que refuerza el poder de la SIDE
Diputados nacionales cuestionan la validez constitucional del decreto y advierten sobre riesgos institucionales y democráticos.
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📲 Click AQUÍ Objeciones por falta de urgencia y avance sobre derechos
Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.
La presentación fue realizada por Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón, quienes sostienen que el decreto fue dictado sin que existan razones reales de necesidad y urgencia, requisito indispensable para este tipo de normas.
Según plantean los legisladores, el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar, por lo que una reforma de esta magnitud debería haber sido tratada por el Parlamento. A su entender, eludir el debate legislativo debilita la legitimidad democrática y vulnera el equilibrio institucional.
Cuestionamientos a la reforma de la Ley de Inteligencia
El DNU 941/2025 introduce modificaciones sustanciales a la Ley 25.520, sin intervención del Congreso, y habilita a los agentes de inteligencia a realizar detenciones, una atribución que —según remarcan— corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad bajo orden judicial y que está expresamente vedada por la normativa vigente.
En el escrito judicial, los diputados sostienen que la medida resulta violatoria del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia, y también del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, remarcan que el decreto avanza sobre materias penales y procesales penales, algo que la Constitución prohíbe de manera explícita en el dictado de DNU, en particular al habilitar aprehensiones por parte del personal de inteligencia.
Los firmantes del amparo subrayan que en los fundamentos del decreto no se invoca ninguna situación excepcional que justifique su dictado y reclaman que sea la Justicia la que ponga un límite al avance del Ejecutivo sobre facultades que consideran propias del Poder Legislativo.
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