El Ejecutivo evalúa diferir la reforma del Código Penal y priorizar la discusión laboral en febrero

El Gobierno nacional analiza reorganizar su agenda legislativa y posponer el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos políticos y parlamentarios en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero. La decisión aún no está cerrada, pero en el oficialismo gana terreno la idea de trasladar el debate penal al período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.

Una estrategia para concentrar apoyos

Con la reactivación gradual de la actividad política en enero, el Ejecutivo busca unificar negociaciones y focalizar energías en uno de los proyectos centrales de la segunda etapa de gestión de Javier Milei. En ese marco, desde el entorno presidencial sostienen que avanzar en demasiadas reformas de alto impacto al mismo tiempo podría dificultar la construcción de consensos.

“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, explicó un funcionario de peso del Gobierno al justificar la posible postergación del debate penal, en línea con la estrategia utilizada meses atrás para facilitar otros acuerdos legislativos.

La mesa política del oficialismo, que retomará formalmente las reuniones este viernes tras el receso, tendrá como objetivo central asegurar las voluntades necesarias para sancionar la Reforma Laboral, considerada un pilar clave del programa libertario.

El proyecto penal, en espera

La reforma del Código Penal contempla modificaciones profundas, con un enfoque en el endurecimiento de penas para delitos graves y en la búsqueda de mayor previsibilidad judicial. Por ese motivo, en el Ejecutivo consideran que el tema requiere un debate más extenso y ordenado. “Para que se trabaje bien”, sostienen, debería tratarse en ordinarias, evitando sumar presión a un temario de extraordinarias que ya es amplio. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, admiten puertas adentro.

Aunque en un principio se barajó discutir la iniciativa penal durante las extraordinarias, esa alternativa pierde fuerza con el correr de los días. El proyecto, que supera los 900 artículos, aún no fue enviado al Congreso y continúa en su etapa final de redacción.

Entre sus objetivos se encuentra reforzar la política criminal, dotar de más herramientas a los jueces y evitar discrecionalidades en la evaluación de las causas. En palabras de Patricia Bullrich, una de las figuras involucradas en su diseño: “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”.

Definiciones clave en los próximos días

Mientras tanto, el Ejecutivo instruyó a su equipo político a concentrarse en la negociación legislativa de la Reforma Laboral, con la expectativa de sumar un nuevo triunfo parlamentario. En los próximos días se terminarán de delinear los detalles de la estrategia y el esquema de contactos con aliados y provincias.

Si finalmente se confirma la postergación, la reforma del Código Penal no formará parte del temario del decreto que oficializará la eventual prórroga de las sesiones extraordinarias desde febrero. Aun así, en Casa Rosada sostienen que el proyecto sigue siendo prioritario y una de las reformas estructurales trabajadas en conjunto por los ministerios de Justicia y Seguridad.

La definición final dependerá de la evaluación política que realice el Presidente, pero todo indica que el Gobierno apostará a ir por etapas, priorizando primero la reforma del régimen laboral y dejando el debate penal para marzo.

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