Reforma laboral: el oficialismo acelera en el Senado y la oposición prepara una estrategia para frenarla

En medio de plazos ajustados y negociaciones contrarreloj, La Libertad Avanza intenta cerrar acuerdos en el Senado con sectores dialoguistas para avanzar con la reforma laboral antes de fin de año, mientras el peronismo mueve fichas para bloquear el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el martes a las 11 a los presidentes de bloque con el objetivo de definir la integración de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, un paso clave para habilitar el inicio del debate. Con ese cronograma, la discusión podría arrancar recién el miércoles, lo que obliga al oficialismo a acelerar consensos si quiere llegar al recinto en la última semana de diciembre.

El desafío inmediato para el espacio libertario será reunir mayoría en ambas comisiones y, al mismo tiempo, convencer a la UCR, el PRO y los bloques provinciales de reducir la nómina de expositores. Desde el peronismo impulsan una lista cercana al centenar de invitados, una jugada que apunta a estirar los tiempos y dilatar el tratamiento del proyecto.

El esquema oficial prevé sesiones de comisión durante miércoles, jueves y viernes, con la posibilidad de emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto entre el viernes 26 y el martes 30, junto con el debate del Presupuesto 2026. Para cumplir ese objetivo, el Gobierno necesita acortar la ronda de consultas y tener cerrados los apoyos políticos con antelación.

En términos numéricos, el oficialismo requiere los tres votos del PRO, al menos diez de la UCR y un mínimo de tres senadores de bloques provinciales para sostener el avance de la reforma.

Cómo viene el poroteo político

Uno de los principales obstáculos es que varios aliados potenciales responden a gobernadores de origen peronista, que evitan un enfrentamiento directo con la CGT. En ese grupo aparecen los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Santa Cruz, Claudio Vidal; y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Las expectativas del oficialismo se concentran en lograr el respaldo de Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes cuentan con una senadora cada uno. En cambio, ya dan por descartado el acompañamiento del ex gobernador Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, alineados con el bloque peronista.

En paralelo, el peronismo —que reúne 28 senadores entre sus subbloques— busca sumar al menos siete voluntades para voltear la ley laboral. Para eso, apunta a los mismos legisladores provinciales con los que negocia el oficialismo.

Todo este escenario se desarrolla mientras la CGT y las CTA convocaron a una movilización para el jueves a las 15 en Plaza de Mayo, en rechazo directo a la iniciativa promovida por el presidente Javier Milei.

Cambios que tensan la relación con los gremios

La reforma incluye modificaciones profundas en los convenios colectivos y, especialmente, en el sistema de financiamiento sindical. El proyecto establece que las empresas solo podrán retener cuotas gremiales si existe una autorización expresa del trabajador y un acuerdo entre las partes.

“Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y el acuerdo entre las partes”, señala el texto.

Además, se exige una resolución de la Secretaría de Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 137, y se habilita a cualquiera de las partes del contrato laboral a revocar el acuerdo con 30 días de anticipación.

Otro punto sensible es el régimen de sanciones frente a bloqueos o tomas de empresas. El proyecto considera “infracciones muy graves” acciones como impedir el ingreso o egreso de personas o mercaderías en un establecimiento.

“Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación… sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, indica el articulado.

También se introducen restricciones a las asambleas sindicales dentro de los lugares de trabajo, que deberán contar con autorización previa del empleador, y se aclara que el trabajador no percibirá salario durante ese tiempo. A su vez, se limita a diez horas el crédito mensual para el ejercicio de funciones de los delegados.

El texto avanza además sobre los aportes patronales previstos en convenios colectivos, al establecer que serán voluntarios y no obligatorios para empleadores que no integren cámaras o asociaciones empresarias beneficiarias.

Estos puntos, sumados a la caída de la ultraactividad, los cambios en indemnizaciones y vacaciones, explican el fuerte rechazo sindical y el anuncio de un plan de lucha que excede la movilización prevista para diciembre.

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