Milei fija un nuevo rumbo para el sistema de inteligencia con un decreto que redefine prioridades nacionales
El Gobierno nacional oficializó un giro profundo en la estructura y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional mediante el Decreto 864/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma aprueba la Política de Inteligencia Nacional, un texto de 34 páginas que traza los objetivos y directrices que guiarán a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y al resto de los organismos que integran el sistema. El Ejecutivo también confirmó recientemente cambios en la cúpula de la SIDE.
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📲 Click AQUÍ Según lo consignado en el propio decreto, esta definición estratégica se convierte en la primera en más de dos décadas y obliga a la SIDE a elaborar una “Estrategia de Inteligencia Nacional”, donde se establecerán las acciones específicas para ejecutar los lineamientos del documento marco.
Un diagnóstico crítico sobre la estructura vigente
El texto parte de una evaluación severa sobre la situación del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con “un deterioro relevante” acumulado durante más de treinta años. En ese análisis, se plantea que ese desgaste afecta el funcionamiento institucional y expone al país a distintas amenazas.
Se mencionan los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, “cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos”, así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que “constituyó un hecho de suma gravedad institucional”.
El Gobierno también hace referencia a las intervenciones aplicadas sobre la ex AFI a partir de 2019, señalando que significaron “un notorio retroceso institucional”. Tras su disolución mediante el Decreto 614/24, se conformó la nueva SIDE, integrada por:
- Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)
- Agencia de Seguridad Nacional (ASN)
- Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)
- División de Asuntos Internos (DAI)
Intereses estratégicos definidos por el Gobierno
La Política de Inteligencia Nacional fija cinco intereses esenciales que orientarán todas las tareas del sistema:
asegurar la soberanía del país, proteger la integridad territorial, preservar derechos y bienes de la población, sostener el sistema democrático y resguardar los recursos estratégicos.
En materia de soberanía, se plantea la necesidad de detectar amenazas, prevenir influencias externas que puedan “condicionar la autonomía institucional” y sostener el protagonismo internacional del país. Sobre la integridad territorial, se advierte acerca de posibles “dinámicas de fragmentación territorial” y se enfatiza el monitoreo de fronteras, zonas marítimas y áreas de proyección antártica.
Diez lineamientos que guiarán la política de inteligencia
El anexo del decreto desarrolla diez ejes estratégicos que abarcan desde política exterior hasta contrainteligencia. El primero se enfoca en la disputa de poder global, destacando cómo los movimientos entre potencias impactan directamente en países de la región. El segundo remarca los riesgos derivados de operaciones de desinformación que “buscan erosionar la cohesión social” o influir en procesos electorales.
El tercer lineamiento evalúa el poder integral de la Nación, señalando riesgos como la fuga de talento especializado y la dependencia de plataformas tecnológicas extranjeras.
Malvinas, Antártida y control de espacios estratégicos
Los lineamientos 4.a y 4.b abordan la política en territorios australes. Sobre la Antártida, el documento resalta la presencia ininterrumpida de Argentina desde 1904 y la necesidad de seguir de cerca a actores con intereses estratégicos en esa región.
En relación con el Atlántico Sur, se afirma que la actividad científica y militar de potencias extrarregionales genera “un entorno de competencia silenciosa”, al tiempo que se menciona “la ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a las Islas Malvinas.
El quinto lineamiento alerta sobre el interés internacional por recursos como litio, gas no convencional, acuíferos y biomas estratégicos, lo que expone al país a distintos tipos de presión.
Ciberseguridad, tecnología y nuevas amenazas
El sexto eje se centra en el ciberespacio, considerado “superficie de ataque” para actores estatales y no estatales. El séptimo analiza tecnologías emergentes como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y sistemas autónomos, y su impacto en defensa y logística.
Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia
Los lineamientos octavo y noveno se dedican a terrorismo y crimen organizado. En el primero, se advierte sobre la “exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente” y el antecedente de atentados en la región. En el segundo, se describe al crimen organizado como “una estructura de poder paralela”, favorecida por rutas estratégicas, fronteras permeables y circuitos financieros informales.
El décimo lineamiento apunta directamente a la contrainteligencia, definida como “herramienta crítica” para evitar injerencias y resguardar los procesos estratégicos del Estado.
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