Mendoza: ya son 15 los padres denunciados por negarse a vacunar a sus hijos

El Ministerio de Salud de Mendoza elevó a 15 el número de denuncias judiciales contra padres, tutores o responsables que no cumplieron con el Calendario Nacional de Vacunación de niños y adolescentes a su cargo. Las actuaciones se encuentran en el fuero civil y los adultos involucrados son citados a audiencia para explicar los motivos del incumplimiento y regularizar la situación en un plazo de 30 días.

La decisión se apoya en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de la vacunación y la primacía de la salud pública por sobre los intereses individuales. El contexto sanitario encendió las alarmas: se registran aumentos de casos de sarampión y coqueluche, y circula además la gripe H3N2, enfermedades que pueden prevenirse con esquemas completos de inmunización.

Desde el Departamento de Inmunizaciones, su responsable Iris Aguilar remarcó que la finalidad de las denuncias no es punitiva. “El objetivo es que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger su derecho a la salud. Es el juez quien define los pasos a seguir”, explicó. También señaló que, si bien la vacunación escolar supera el 80% en la provincia, el nivel ideal debería ser mayor al 95% para evitar rebrotes de enfermedades controladas.

Aguilar advirtió además que el mayor atraso se detecta en las vacunas correspondientes a los 15 meses de edad, situación que se vincula con la disminución de controles de niño sano en esa etapa.

La política sanitaria se enmarca en la resolución 2572, que ordena los procedimientos a seguir por los equipos de inmunización de hospitales y áreas departamentales. Estos deben verificar el cumplimiento del calendario a través del registro digital nominal, que integra datos del sistema público y privado. Mendoza se convirtió así en la primera provincia del país en recurrir de manera sistemática a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la vacunación obligatoria, marcando un precedente a nivel nacional.

Las personas denunciadas deben asistir a una audiencia informativa, donde se les detallan los riesgos individuales y colectivos de no vacunar. Si no regularizan la situación dentro del plazo otorgado, pueden aplicarse sanciones previstas en el Código de Contravenciones provincial, que incluyen multas económicas elevadas, arresto de hasta cinco días o trabajos comunitarios en hospitales. En casos de reincidencia, las penalidades pueden agravarse.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, confirmó públicamente que ya se concretaron las primeras denuncias y sostuvo que la medida busca prevenir consecuencias graves. “En el país ya hubo muertes infantiles por tos convulsa y reaparición de enfermedades como el sarampión, que se consideraba eliminado desde 2016”, advirtió.

Desde la cartera sanitaria insisten en la necesidad de tomar conciencia colectiva y completar los esquemas de vacunación para evitar la propagación de enfermedades prevenibles y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

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