El Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal y habilitó un nuevo esquema para regularizar dólares no declarados

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que apunta a incentivar la incorporación a la economía formal de divisas adquiridas fuera del circuito legal. La norma forma parte de los objetivos económicos planteados por el ministro Luis Caputo y cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei.

La aprobación se concretó con 43 votos afirmativos y 26 negativos. Además del bloque oficialista, acompañaron la propuesta legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y senadores alineados con gobernadores, incluidos algunos de extracción peronista, así como otros que actúan de manera independiente en la Cámara alta. El rechazo fue unánime dentro del bloque peronista-kirchnerista, encabezado por José Mayans.

La nueva ley introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de establecer un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Uno de los ejes centrales es la creación del “Régimen Simplificado de Ganancias”, mediante el cual —según la explicación oficial— los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. El sistema establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para acceder al beneficio.

Bajo este esquema, no será obligatorio informar variaciones patrimoniales ni se controlarán los consumos personales. En la práctica, ARCA liquidará el Impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y sobre esa base se aplicarán las deducciones correspondientes por consumos.

El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.

La norma también eleva de manera significativa los montos mínimos para tipificar delitos tributarios. En el caso de la evasión simple, el umbral pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que para la evasión agravada el piso se fija en más de $1.000 millones, dejando atrás el límite anterior de $15 millones.

Otro punto relevante es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que se acorta de cinco a tres años. Asimismo, ARCA no promoverá acciones penales si el contribuyente cancela las deudas junto con los intereses, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona.

En los casos en que la denuncia aún no haya sido presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente abona la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.

Si bien el espíritu general del proyecto apunta a un alivio y flexibilización de los controles fiscales, la ley también contempla un incremento en las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término, reforzando el esquema de cumplimiento formal.

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