El Gobierno avanza con un nuevo Código Penal que endurece penas y elimina la prescripción para delitos graves

La administración de Javier Milei dio un paso más en su plan de reformar el sistema punitivo argentino con un anteproyecto de Código Penal que apunta a “terminar con la impunidad” y a cerrar la llamada “puerta giratoria”. El texto, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, plantea una reestructuración profunda del régimen penal, con penas más altas, nuevas figuras delictivas, restricciones a beneficios y la eliminación de la prescripción en un amplio grupo de delitos considerados de máxima gravedad.

La propuesta sostiene que el sistema actual es “una tomada de pelo a toda la sociedad” y que muchas personas condenadas continúan reincidiendo. Por eso plantea un esquema más severo, basado en la proporcionalidad del daño causado.

Penas más altas y ampliación de agravantes

El anteproyecto incrementa los mínimos y máximos de numerosas figuras penales. El homicidio simple pasaría de 8–25 años a un rango de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado —ya penado con perpetua— incorpora nuevas circunstancias especiales, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, personas menores de 16 o mayores de 65 años, o cuando se actúe en espacios de concurrencia masiva utilizando armas o vehículos.

También propone aumentos para delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En este último caso, la pena se elevaría a un rango de 3 a 12 años, con agravantes que suben el mínimo a 4. La posesión con fines de distribución tendría una escala de 4 a 12 años.

En materia de robos, se crean figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, cuando se cometa con fuerza, pasaría a tener penas de 3 a 8 años, y de 3 a 10 años cuando medie violencia contra las personas.

Eliminación de la prescripción en delitos graves

Una de las transformaciones más profundas es la imprescriptibilidad de un conjunto amplio de conductas. No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. Según el texto, el tiempo no debe impedir que se investigue y condene a los responsables.

Prisión efectiva y limitaciones a los beneficios

El Gobierno calcula que, con las nuevas escalas, el 82% de los delitos implicará cumplimiento efectivo de la pena. Además, se amplía la lista de delitos que no podrán obtener condena condicional, incluyendo robos especialmente agravados y portación ilegal de armas.

El anteproyecto restringe las liberaciones anticipadas, excluyendo a condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. También quedan por fuera quienes registren reincidencia, con el argumento de que “si entraste varias veces a prisión, no se te puede liberar anticipadamente”.

Ejecución de condenas y otros cambios

Las penas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar una definición de la Corte Suprema. Las condenas perpetuas no tendrán límites temporales y los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El texto también refuerza el marco de la legítima defensa y otorga mayor intervención a las víctimas en decisiones sensibles, como la concesión de beneficios penitenciarios, con la idea de destacar su rol dentro del proceso penal.

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