Costa Pobre: la defensa legal descarta usurpaciones y cuestiona al Municipio

El conflicto en la zona conocida como Costa Pobre sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del Dr. Fabián Maggi, asesor letrado de UPVA, quien fue categórico al afirmar que “ninguno de los vecinos que vive allí es un usurpador”. El abogado se refirió tanto a la medida cautelar vigente dictada por la Justicia como al rol que han tenido la empresa ORAMA S.A., el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante.

En diálogo con SNR Radio, Maggi explicó que la cautelar se enmarca en una investigación penal por la posible comisión de diversos delitos y que la orden judicial es clara: no continuar con ningún movimiento de suelo en el área hasta que se presenten y validen las habilitaciones ambientales correspondientes. En ese sentido, aclaró que la resolución no aborda una cuestión dominial, sino que apunta exclusivamente a la legalidad de las tareas que se estaban realizando.

El letrado también cuestionó el accionar de la empresa por el cierre de uno de los accesos utilizados históricamente por los vecinos para ingresar al lugar. “No se puede cerrar una vía de acceso, sea calle o servidumbre, de manera arbitraria”, señaló. Además, remarcó que los vecinos no ejercieron violencia ni fueron impedidos de ocupar el lugar durante décadas, en algunos casos hasta cuarenta años, lo que refuerza la inexistencia de una situación de usurpación.

Maggi precisó que la presentación judicial surgió a partir del reclamo de un grupo de vecinos que se consideran perjudicados por las obras. También aclaró que, si la empresa presenta la documentación requerida y esta es validada por la Justicia, no se impulsarán nuevas acciones legales en este expediente.

En otro tramo de la entrevista, el abogado fue crítico con el Municipio y reclamó definiciones públicas. Aseguró que en la investigación también se analiza la actuación de funcionarios públicos, con la posible imputación por incumplimiento de deberes. “Existen declaraciones previas del Intendente sobre el proyecto; no puede desconocer lo que allí se iba a hacer y debe dar las explicaciones correspondientes”, concluyó.

El conflicto continúa abierto, a la espera de la documentación ambiental exigida por la Justicia y de una postura oficial por parte del Ejecutivo local.

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