Asignaciones familiares: el desbalance que complica la formalización laboral

Un reciente análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte que uno de los factores centrales que empujan a miles de trabajadores a la informalidad es la marcada diferencia en los montos que perciben quienes no están registrados respecto de quienes sí lo están. Según el estudio, las asignaciones familiares deberían ser revisadas dentro de cualquier reforma laboral seria si se busca reducir la informalidad de manera sostenible.

El informe plantea que “promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral” y que es necesario “rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad”. Entre esos elementos, IDESA subraya que las asignaciones familiares “trascienden la legislación laboral” y generan incentivos distorsivos.

El contraste es contundente. Un trabajador registrado con un hijo menor de 3 años cobra $60.000 por Asignación por Hijo. Quien se desempeña en la informalidad, en cambio, recibe $120.000 por la “Asignación Universal por Hijo (AUH)”, y además suma $52.000 por “tarjeta alimentar” y $45.000 por “complemento alimentario”. En total, $217.000 mensuales, una brecha que, según IDESA, define comportamientos laborales.

El estudio sostiene que “el trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo”, lo que convierte al sistema actual en “un poderoso factor inductor a la informalidad” para quienes perciben salarios bajos.

IDESA remarca que, aunque haya “impacto fiscal”, “es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más baja remuneración se nivelen”. De lo contrario, advierte, la informalidad seguirá siendo una opción económicamente más conveniente para amplios sectores.

El documento concluye que la “formalización masiva en las microempresas es un proceso deseable”, pero requiere “una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales”, enfocada en rediseñar los beneficios sociales para que la formalidad vuelva a ser una alternativa viable.

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