La CIDH plantea una visita al país ante denuncias por agresiones a la prensa y reclamos por falta de garantías a la libertad de expresión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó abierta la posibilidad de visitar la Argentina tras la audiencia celebrada en la Universidad de Miami, donde periodistas, organizaciones y entidades vinculadas a derechos humanos denunciaron un clima de hostilidad creciente desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Durante más de dos horas se expusieron casos de violencia física, ataques digitales, hostigamiento desde el poder político, uso de la justicia para intimidar y limitaciones en el acceso a la información pública. El Gobierno rechazó ese diagnóstico y negó la existencia de un deterioro estructural.
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📲 Click AQUÍ La audiencia —solicitada por FOPEA y el CELS y acompañada por Amnistía Internacional, SiPreBA, FATPREN, ARGRA y otros espacios— reunió testimonios de periodistas como Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el reportero gráfico Tomás Cuesta. Expusieron datos que describen una escalada de ataques: FOPEA registró 179 agresiones en 2024, un 53% más que el año anterior, y 257 en lo que va de 2025, el número más alto desde que existen mediciones.
Los representantes de las organizaciones señalaron que el discurso oficial viene acompañado por campañas de hostigamiento, descalificaciones públicas y acciones judiciales que desalientan el trabajo de prensa. Casos como el del fotógrafo Pablo Grillo —herido de gravedad por un disparo durante una cobertura— fueron presentados como ejemplos de un escenario que, afirman, se volvió habitual en marchas y protestas.
El Estado argentino, representado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de una política deliberada contra la prensa. Aseguró que se trata de episodios aislados y defendió el funcionamiento de los mecanismos institucionales. También cuestionó que las denuncias planteadas excedían el marco de la audiencia y sostuvo que en el país no están siendo vulnerados derechos humanos de manera sistemática.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, marcó una posición distinta al advertir que lo expuesto no configura situaciones sueltas, sino una tendencia que requiere atención internacional. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, remarcó el peso que tiene la voz de un gobernante y su impacto en el clima que rodea al trabajo periodístico.
El presidente del organismo, José Luis Caballero, expresó el interés de avanzar en una visita formal al país para evaluar el contexto en terreno. Las organizaciones presentes solicitaron un monitoreo permanente, la elaboración de un informe exhaustivo, la intervención del Relator Especial, y la derogación del decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública. También pidieron la creación de un observatorio específico y protocolos que faciliten el litigio en casos vinculados al derecho a la información.
La CIDH dejó sentado que seguirá de cerca la situación en Argentina y que podría enviar una misión oficial, en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y los distintos actores del sistema de medios.
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