Duras críticas de Daniel Arroyo a la ANDIS por el deterioro del sistema de prestaciones

El diputado Daniel Arroyo apuntó directamente contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la que responsabilizó por el colapso del sistema de prestaciones y por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador expresó su “bronca y dolor profundo” ante lo que definió como un contraste intolerable entre la presunta “dilapidación de fondos” involucrada en una causa de corrupción y la falta de respuesta del organismo frente a reclamos urgentes.

En declaraciones a Splendid AM 990, reproducidas por Agencia Noticias Argentinas, el diputado remarcó que “todo ocurre en el mismo organismo que no pone en marcha la ley de emergencia en discapacidad”. Para mostrar la desigualdad entre ambos escenarios, describió que mientras trascendían audios que mencionaban “500.000, 800.000, plata que va que viene, porcentaje”, en la sede de la agencia los acompañantes terapéuticos reclamaban un incremento mínimo: pasar de 2.900 a 3.100 pesos por hora, una diferencia de apenas 200 pesos, por un trabajo que además se cobra “a 180 días, a 6 meses”.

Arroyo afirmó que la falta de medidas del organismo “hizo colapsar todo el sistema”, señalando que hoy muchas personas con discapacidad no pueden acceder a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos, mientras que las escuelas especiales están al borde del cierre. Cuestionó que sea el mismo organismo involucrado en una presunta red de manejos irregulares el que, a la vez, bloquea los aumentos y frena la aplicación de la ley.

El diputado también rechazó el argumento del impacto fiscal: según él, la Ley de Emergencia en Discapacidad “no tiene impacto fiscal” y representa apenas “0,0003 del producto bruto interno”, además de haber sido aprobada por más del 70% de la Cámara de Diputados. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno “ha decidido no moverse ni un milímetro de su plan trazado”, desatendiendo la situación crítica del sector.

Arroyo denunció además un episodio que calificó como grave: el intento de desplazar al juez federal que falló en múltiples ocasiones a favor de personas con discapacidad. Ese magistrado ordenó la reposición de miles de pensiones dadas de baja de manera irregular —de 110.000 bajas, 90.000 correspondían a personas que nunca fueron notificadas— y también había dispuesto la puesta en marcha de la ley. Incluso, según el diputado, estaba a punto de declarar nulo un DNU del Gobierno. Frente a esto, Arroyo afirmó que se busca “ir contra el juez y quitarlo de la causa”, lo que describió como un “nivel de crueldad imposible”.

El legislador remarcó que la Argentina sería el único país, incluso comparado con gobiernos de extrema derecha en el mundo, que impulsa una política de este tipo contra personas con discapacidad. Enfatizó que “nadie duda en el mundo que una tarea del Estado es atender a las personas con discapacidad”, y que la única vía en pie es la judicial, dado que hasta ahora las resoluciones han favorecido a las familias afectadas “porque tienen razón y porque el sistema ha colapsado”.

Arroyo concluyó que la situación es “muy fuerte”, marcada por desesperación, dolor profundo y un deterioro que golpea directamente a miles de familias, mientras en el mismo organismo involucrado “va plata, viene plata”.

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