San Nicolás: prestadores locales apoyan la Ley de Emergencia en Discapacidad
Los prestadores de servicios sobre discapacidad llevan adelante hoy un paro nacional, a la espera de la sesión del Senado prevista para las 11:00 horas, en la que se buscará rechazar, con al menos dos tercios de los votos, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma ya fue respaldada en Diputados y, de ser ratificada en la Cámara alta, entraría en vigencia de manera automática, sin necesidad de promulgación del Poder Ejecutivo.
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📲 Click AQUÍ En San Nicolás, organizaciones, profesionales y familias vinculadas a la temática adherieron a la huelga, destacando que se trata de un reclamo por derechos que consideran irrenunciables y que no deben ser vulnerados. También remarcaron que esperan un apoyo mayoritario de los senadores a la normativa.
El debate en el Senado
Si todos los legisladores están presentes, el Senado contará con 48 votos en juego. Cuando la ley fue sancionada reunió 55 voluntades a favor, con apoyo transversal de casi todas las bancadas, salvo el oficialismo. La oposición ya adelantó que exigirá al Presidente aplicar la normativa en forma inmediata una vez que el veto sea eliminado, un hecho que no ocurre en el Congreso desde hace más de 20 años.
Desde la Casa Rosada dejaron trascender que están dispuestos a judicializar el veto, aunque aguardarán la definición parlamentaria antes de avanzar. Mientras tanto, los prestadores convocaron a manifestarse frente al Congreso durante la jornada de debate.
Puntos principales de la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad, con vigencia hasta 2026, establece:
- Revisión y creación de pensiones con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima, cortando el beneficio solo a quienes perciban ingresos superiores a dos salarios mínimos.
- Aporte adicional para personas mayores de 70 años en situación de discapacidad.
- Actualización de las prestaciones, congeladas desde el año pasado, con indexación por el índice de movilidad jubilatoria y compensación retroactiva a noviembre de 2023.
- Alcance a prestaciones estatales, obras sociales y prepagas, con valores regulados por la ANDIS.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida representaría un costo fiscal de apenas 0,03% del PBI.
Fallos judiciales recientes
En paralelo, dos fallos judiciales recientes cuestionaron la constitucionalidad del veto presidencial.
El primero, del juzgado federal de Campana, lo declaró inválido y recordó al Ejecutivo su obligación de cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal también habilitó un reclamo para aumentar las prestaciones por discapacidad, al considerar que los valores actuales están desfasados frente a la inflación.
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