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Ley de emergencia en discapacidad: el Senado tratará el veto y una reforma sobre los DNU

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para votar el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y avanzar en un proyecto que busca regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Será la primera vez en 22 años que el Parlamento insiste con una norma vetada: el último antecedente fue en abril de 2003.

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La Cámara de Diputados ya había rechazado el veto el pasado 20 de agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones. Si el Senado confirma mañana esa decisión, la norma quedará promulgada y en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Alcances de la ley de emergencia en discapacidad

La ley declara la emergencia hasta fines de 2026 e incluye una actualización automática de las prestaciones, para compensar la inflación acumulada desde 2023. También contempla el pago de deudas a prestadores y la actualización mensual de aranceles según el índice de precios que informa el INDEC.

Un punto central es que las 200 mil pensiones por invalidez se fijarán en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de que los beneficiarios puedan trabajar siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo fiscal de la norma oscilará entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios hasta 2026.

Debate sobre los DNU

En paralelo, el Senado tratará el proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia, respaldado por el kirchnerismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El texto fija un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras aprueben un DNU; de lo contrario, se considerará derogado.

Además, el dictamen establece que el rechazo de una sola cámara será suficiente para dejarlo sin efecto, aunque se mantendrán válidos los derechos adquiridos durante su vigencia.

Cuestiones de privilegio

La sesión también incluirá cinco cuestiones de privilegio vinculadas a la denuncia del Gobierno contra periodistas y la decisión judicial que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Las principales críticas apuntan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respaldó el pedido de allanamiento a medios y domicilios de periodistas.

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