Diputados tratarán mañana la reforma que limita los DNU y desafía al Gobierno

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados aceleran su ofensiva contra el oficialismo: este martes, a las 12, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatirá el proyecto de ley que modifica el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa se firmaría el 30 de septiembre para quedar lista para su votación en el recinto, posiblemente en una sesión especial el 1 de octubre.

La propuesta cambia de raíz el mecanismo de control. Actualmente, para anular un DNU es necesario que ambas cámaras lo rechacen. Con la nueva norma alcanzaría con el rechazo de una sola cámara para dejarlo sin efecto. Además, cada decreto tendrá 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para obtener la convalidación parlamentaria, de lo contrario perderá vigencia. El texto fija también que una cámara deberá comunicar a la otra su pronunciamiento en un máximo de 48 horas hábiles. Y prohíbe que, si un DNU es rechazado, el Ejecutivo dicte otro sobre la misma materia durante el mismo año parlamentario.

El oficialismo observa con preocupación el avance opositor, dado que los DNU han sido históricamente un recurso habitual de distintos gobiernos para implementar políticas sin pasar por el Congreso. La herramienta fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 para situaciones excepcionales, pero su uso se volvió frecuente y muchas veces polémico.

En 2006, a instancias de un proyecto impulsado por la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley que hoy rige, que blindó de hecho a los DNU: basta con que una sola cámara no los rechace para que sigan vigentes. Por eso, en los últimos años, solo en contadas ocasiones la oposición logró reunir mayorías en ambas cámaras para anularlos. Con el gobierno de Javier Milei hubo más intentos, como en los casos de los decretos sobre fondos reservados de la SIDE, la eliminación de Vialidad, la reestructuración del INTA y el INTI, y la reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos, de organismos de Cultura y de la Marina Mercante.

La oposición pretende incluir en la sesión especial del 1 de octubre otros temas conflictivos: cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la derogación de decretos referidos a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.

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