Oficializan reformas en fuerzas de seguridad federales
El Ejecutivo nacional oficializó una reforma integral en las cuatro fuerzas de seguridad federales: Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF), mediante cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial.
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📲 Click AQUÍ Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, establecen un plazo de 90 días para presentar proyectos de reglamentación y adecuación interna. Mientras tanto, las designaciones actuales de jefes y subdirectores permanecen vigentes.
Gendarmería Nacional
El Decreto 454/2025 actualiza el estatuto de la GNA, ampliando sus funciones para actuar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo, además de su tradicional tarea en zonas de frontera. También podrá participar en misiones internacionales y proteger embajadas. Se incorporan nuevas dependencias, reglas de ascensos actualizadas y mayor acceso a bases de datos para investigaciones e inteligencia.
Prefectura Naval Argentina
El Decreto 457/2025 modifica la Ley N°18.398, ampliando las atribuciones de la Prefectura. Ahora incluye la función de Policía de Seguridad de la Navegación, prevención de la contaminación por buques, seguridad marítima y funciones judiciales. Además, deberá aplicar principios de eficacia y eficiencia, evaluando el impacto económico y las buenas prácticas internacionales.
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Según el Decreto 456/2025, la PSA amplía su misión para incluir la protección de la seguridad estatal en aeropuertos y la seguridad en el transporte. Tendrá un rol activo en la prevención e investigación de delitos que afecten la seguridad aeroportuaria y la aviación civil, trabajando como auxiliar de la Justicia bajo las políticas del Ministerio de Seguridad.
Servicio Penitenciario Federal
El Decreto 455/2025 moderniza el marco normativo del SPF para optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones laborales y garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Además, se instruyó la gestión para reubicar los penales situados en zonas urbanas.
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