Milei apunta a los jueces del fuero y evalúa cambios estructurales

El presidente Javier Milei puso en la mira a la industria del juicio laboral y anticipa medidas para frenar la escalada de litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. El tema volvió al centro del debate tras su retuit a un mensaje que prometía “la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”, lo que fue interpretado como un aval a una ofensiva política y judicial contra el fuero laboral.

En Casa Rosada señalan que el Presidente considera que los jueces laborales “han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones”. La preocupación crece ante el récord de 130.000 juicios esperados en 2025, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Acusaciones y fallos adversos

El malestar del oficialismo se agudizó tras varios fallos contrarios a decretos presidenciales (DNU 70, 340 y 430), y particularmente por los dictámenes de la jueza Moira Fullana, a quien el vocero presidencial Manuel Adorni calificó como “jueza militante”, y acusó: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.

Una fuente cercana a Milei fue aún más directa: “Los jueces laborales son impunes en la Argentina. Atrasan 100 años. Ninguno puede explicar cómo vive”, y propuso impulsar jury de enjuiciamiento y nuevos nombramientos.

Estrategia judicial y política

El oficialismo evalúa recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA, tras el fallo de la Corte Suprema que le permite actuar como instancia superior. Desde entonces, ese tribunal ya recibió más de 180 causas, el 77% del fuero laboral.

En paralelo, el Gobierno proyecta una reforma del procedimiento laboral y el traspaso de juzgados nacionales a la órbita porteña, tal como lo prevé la Constitución Nacional desde 1994.

El costo de la litigiosidad

Según la UART, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron 126.700 demandas, con un impacto económico equivalente a 6.891.653 salarios mínimos. La entidad sostiene que el problema no responde a un alza de accidentes, sino a “pericias médicas infladas” y “tasas de interés judiciales desproporcionadas” que transforman cada juicio en “una oportunidad financiera sin igual”.

Desde el Gobierno anticipan medidas concretas para “sancionar a los abogados que mienten y hacen negocios” con demandas laborales, en línea con el histórico reclamo de Mauricio Macri, quien en 2017 denunció la existencia de “la mafia de los juicios laborales”.

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