Las provincias presionan por fondos y el Gobierno responde con rechazo y silencio
En un clima de máxima tensión política, las provincias avanzan en el Congreso con un proyecto para modificar el reparto de recursos, mientras que el Gobierno nacional descarta nuevas negociaciones y no planea recibir a los gobernadores en los próximos días.
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📲 Click AQUÍ La Casa Rosada rechaza de plano la iniciativa impulsada por los 24 mandatarios provinciales y delega la discusión en el plano parlamentario. De prosperar el texto, el presidente Javier Milei ya anticipó que podría vetarlo, como parte de su estrategia para mantener el superávit fiscal.
Qué plantea el proyecto de las provincias
Las jurisdicciones proponen modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, que regula la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Con el nuevo esquema, los gobernadores pasarían de recibir el 10,40% al 58,36% de lo recaudado por este gravamen.
También buscan establecer una distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy son discrecionales y dependen de la decisión del Ejecutivo.
“Esto no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y generará más federalismo”, indicaron los mandatarios en un comunicado conjunto.
Desde el Palacio de Hacienda, sin embargo, afirman que la propuesta implicaría un gasto extra del 0,4% del PBI y remarcan que no será aceptada por la gestión libertaria.
El Gobierno endurece su postura
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, evitó continuar las conversaciones y dejó en manos del equipo económico de Luis Caputo cualquier intento de acercamiento, aunque no se alcanzó ningún acuerdo.
“Mi relación con los gobernadores es buena, pero demandan más recursos de los que hay disponibles. Ya lo vamos a solucionar”, dijo Francos en una exposición en La Rural.
En Balcarce 50 argumentan que la iniciativa ingresó mal al Congreso, ya que por tratarse de una norma vinculada a impuestos, debería haber sido presentada primero en Diputados y no en el Senado. Por lo tanto, cuestionan su validez reglamentaria.
No obstante, los gobernadores sostienen que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una redistribución de lo ya recaudado, por lo que la vía legislativa sería válida.
La pelea por los recursos
“Los recursos son de las provincias. Se los está apropiando la Nación. Es inadmisible que nos llamen ‘degenerados fiscales’ cuando estamos reclamando lo que es nuestro”, expresó un gobernador del centro del país.
En el mismo sentido, un funcionario de la Patagonia explicó que muchas jurisdicciones deben mantener rutas y servicios con fondos que no vuelven del Gobierno central, lo que afecta los presupuestos provinciales.
Los mandatarios insisten en que el costo total del proyecto sería de entre el 0,2% y el 0,25% del PBI, lo que no pondría en riesgo las metas fiscales de la administración Milei.
“Estamos dispuestos a un diálogo sincero, pero tiene que haber una propuesta seria por parte del Gobierno”, señalaron desde varias gobernaciones.
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