Juicio por YPF: Argentina pidió frenar fallo y apuntó contra Kicillof

El Gobierno argentino presentó dos escritos ante la jueza Loretta Preska, quien ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital tras condenar al país a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de 2012. En los documentos, la Procuración del Tesoro solicitó la suspensión de la orden de turnover, argumentando que su cumplimiento implicaría violar la ley nacional y generar daños irreparables para la petrolera estatal.

Entre los puntos centrales, el Gobierno sostuvo que:

• La orden afecta la soberanía nacional y contraviene la Ley 26.741, que exige aprobación legislativa para vender acciones de YPF.
• La transferencia podría desencadenar cláusulas contractuales que impliquen pagos anticipados a acreedores de YPF.
• El fallo se basa en un enfoque judicial sin precedentes, incluso contradicho por la propia administración estadounidense en casos similares.

Cuestionamientos al rol de Kicillof

En el escrito, el Estado argentino acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de “entorpecer y empeorar la posición argentina”, tras haber sido citado en la presentación del fondo Petersen/Eton Park. El Gobierno aclaró que Kicillof “no forma parte de la administración nacional” y que sus declaraciones públicas no representan la estrategia legal actual.

Riesgos financieros y legales para YPF

Los abogados del Estado señalaron que la ejecución del fallo podría:

• Desatar consecuencias legales y contractuales irreversibles.
• Activar cláusulas de deuda que afecten directamente a YPF, sus accionistas y sus más de 23.000 empleados.
• Violar normas internacionales, dado que las acciones involucradas no están físicamente en EE.UU.

Además, citaron el Formulario 20-F de 2024 presentado por YPF ante la SEC, donde la petrolera alerta sobre los riesgos de un cambio accionario forzoso.

Argumentos sobre la apelación y el interés público

Argentina enfatizó que este no es un caso comercial ordinario, sino un litigio excepcional sin antecedentes, y que la ejecución inmediata no generaría perjuicios para los demandantes. De hecho, remarcaron que la acreencia podría saldarse por otras vías, como un eventual fallo favorable sobre el fondo Brady Collateral.

También se destacó que, mientras no haya resolución de apelación, mantener el statu quo favorece al interés público al evitar riesgos innecesarios para la empresa y para el país.

Próximos pasos

La Procuración del Tesoro adelantó que, si Preska no concede la suspensión, presentará una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito en Nueva York, junto con un nuevo pedido de “stay” que frene la ejecución mientras se analiza la validez del fallo.

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