El Gobierno busca sostener los vetos y analiza ofrecer fondos discrecionales a gobernadores
Con el objetivo de preservar el déficit cero, Milei apuesta a maniobras políticas para evitar que el Congreso le voltee tres leyes clave

El presidente Javier Milei se prepara para vetar tres leyes sancionadas recientemente por el Congreso, entre ellas el aumento a jubilaciones, la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo argumenta que este paquete implica un alto costo fiscal que pondría en riesgo el déficit cero, considerado el pilar del programa económico oficial.
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📲 Click AQUÍ El veto se concretará la próxima semana, cuando se cumplan los diez días hábiles establecidos por la Constitución para que el Ejecutivo pueda frenar una norma. En paralelo, el Gobierno inició una estrategia política para evitar que el Congreso revierta la decisión presidencial.
Los gobernadores, clave en la negociación
Uno de los focos de las gestiones del oficialismo apunta a los gobernadores provinciales, actores con peso propio en el Congreso. En ese sentido, el Ejecutivo evalúa una mayor transferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo discrecional para asistir financieramente a las provincias.
Los ATN no forman parte de la coparticipación automática, pero se financian con fondos que provienen de ella. Por eso, en el Congreso avanza un proyecto que busca convertirlos en automáticos y proporcionales, incorporándolos a la Ley 11.672 de Presupuesto Permanente. El oficialismo analiza si es mejor negociar beneficios puntuales con algunos mandatarios o avanzar con una medida general paliativa para todos, en un contexto donde las relaciones con los gobernadores están tensas, incluso con algunos que se consideran aliados.
Una mesa tripartita para decidir la estrategia
La definición sobre este eventual “gesto político” está siendo tratada en una mesa compuesta por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, con reuniones previstas para esta semana. Sin embargo, el dilema es tanto fiscal como legal: se busca un esquema que no altere el equilibrio de cuentas ni se tope con objeciones normativas.
Desde la Casa Rosada reconocen que “el impacto fiscal del proyecto aprobado en el Congreso sería de apenas 0,05% del PBI”, lo que relativiza la magnitud económica del conflicto, pero acentúa su dimensión política.
Los votos en juego y los vetos más comprometidos
Según datos internos, el oficialismo cuenta con entre 72 y 86 votos para sostener los vetos, en un escenario extremadamente ajustado. La Libertad Avanza solo tiene 39 bancas propias, por lo que el respaldo de los gobernadores es fundamental.
De los tres vetos, el de la moratoria previsional tiene más chances de sostenerse, ya que en su media sanción recibió 100 votos negativos. En cambio, los vetos al aumento de jubilaciones y a la emergencia en discapacidad están más comprometidos, con apenas 71 y 67 rechazos respectivamente, cifras que podrían revertirse si la oposición se unifica.
El mensaje de Milei y el factor político
“Todos sabemos que aquellos que no acompañen el veto son genocidas y estarán asesinando a nuestras generaciones futuras”, dijo Javier Milei, en una declaración polémica que busca endurecer la posición oficial ante la posibilidad de que el Congreso insista con las leyes vetadas.
Desde el oficialismo explican que no se trata solo de una cuestión económica, sino de sostener la credibilidad del programa de gobierno. Los ATN podrían convertirse en la herramienta de persuasión para sumar apoyos legislativos, aunque en las provincias reina el escepticismo: “Son chirolas, no nos cambia la ecuación”, dijo un colaborador de un gobernador influyente.
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