Disolución de Vialidad: el Gobierno apelará el fallo
El Gobierno anunció que apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación del decreto que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional. La medida fue comunicada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la red social X.
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📲 Click AQUÍ La decisión judicial, que responde a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, ordenó la suspensión por seis meses de cualquier acto administrativo vinculado al cierre del organismo. El juez interviniente entendió que era necesario preservar derechos laborales y garantizar la continuidad de funciones esenciales.
El anuncio del cierre y sus fundamentos
La semana pasada, Adorni había informado desde Casa Rosada el cierre definitivo de tres organismos: la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Según el vocero, estos entes “representaban el eje de la corrupción en la obra pública”.
El argumento del Gobierno es que las funciones técnicas serán asumidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. El control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, un organismo creado tras la modificación de la estructura de la CNRT.
Funciones estratégicas y críticas a la medida
Vialidad Nacional fue, históricamente, el organismo responsable de planificar, construir y mantener la red vial nacional. Su rol resultaba clave en la conectividad territorial, especialmente en rutas estratégicas para el transporte productivo y turístico.
Especialistas en infraestructura y representantes gremiales advirtieron que la disolución de Vialidad podría generar vacíos operativos, demoras en licitaciones, pérdida de capacidad técnica y afectación en proyectos claves de integración regional.
Nuevo organismo y reorganización estatal
Con el decreto impugnado, el Ejecutivo avanzó también en la transformación de la CNRT, que fue rebautizada como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Desde allí se coordinarán las tareas de supervisión de servicios ferroviarios, viales y de transporte automotor.
La presentación de la apelación por parte del Gobierno será clave para definir si se mantiene en pie el proceso de reorganización institucional impulsado por el Ejecutivo en el marco de su política de reducción del Estado.
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