La oposición insiste con reformas sociales mientras el oficialismo se aferra al equilibrio fiscal
A pesar de los recientes logros económicos del oficialismo tras la salida del cepo y la baja progresiva de la inflación, la oposición en la Cámara de Diputados redobla su ofensiva con proyectos de alto impacto social pero también fiscal, que el Ejecutivo considera inviables. El eje del nuevo embate legislativo serán las jubilaciones, las prestaciones por discapacidad y el financiamiento universitario, con iniciativas que podrían complicar la estrategia de ajuste del presidente Javier Milei.
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Un frente previsional en marcha
El próximo miércoles se retomará el tratamiento de iniciativas previsionales, tras un primer intento fallido la semana pasada. Esta vez, la oposición buscará asegurar el quórum excluyendo temas conflictivos como la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación. Entre las propuestas figuran:
- Extensión de la moratoria previsional por dos años
- Establecimiento de un régimen proporcional para quienes no completaron los 30 años de aportes
- Aumento generalizado del 7,2% a todos los haberes
- Incremento del bono previsional de $70.000 a más de $100.000, con actualizaciones por inflación
De todas estas iniciativas, sólo la prórroga de la moratoria tiene respaldo limitado, mientras que el resto podría lograr la media sanción, lo que dejaría al Gobierno ante un nuevo dilema de veto presidencial.
Resistencia oficialista y advertencia sobre el costo fiscal
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunció un intento de desestabilización fiscal:
“Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI)”, expresó.
Los datos respaldan su preocupación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso:
- La extensión de la moratoria tendría un costo fiscal acumulado del 0,165% del PBI.
- El aumento del bono previsional a $105.000 implicaría un impacto del 0,23% del PBI, y si subiera a $115.000 llegaría al 0,30% del PBI.
- La combinación de una suba general del 7,2% con el aumento del bono podría representar hasta el 1,3% del PBI, de acuerdo con el Ministerio de Economía.
Emergencia en discapacidad y reclamos universitarios
También se impulsa una ley de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027, que prevé:
- Recomposición de aranceles en prestaciones
- Indexación de los pagos según la inflación
- Actualización de nomencladores y presupuestos de pensiones no contributivas
A esto se suma el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó un proyecto para garantizar el financiamiento universitario. La propuesta fija:
- Ajuste salarial atado a la inflación
- Incremento progresivo del presupuesto hasta llegar al 1,5% del PBI en 2031, partiendo del 1% en 2026
Presión sobre Espert y posible debate en junio
Los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar los proyectos antes del 18 de junio.
El escenario político: entre el veto y el costo electoral
El Gobierno ya apeló al veto en 2023 sin pagar un alto costo político, pero las nuevas propuestas llegan en un año electoral y con mayor sensibilidad social. Desde la oposición, anticipan que la fidelidad de los 87 diputados que acompañaron los vetos podría diluirse.
Los motivos: el temor a represalias electorales en sus provincias (como sucedió en Córdoba), o rupturas derivadas de negociaciones por alianzas electorales. La atención está centrada en los gobernadores, el PRO y algunos radicales que ya no apoyan incondicionalmente a Milei.
“Hay que seguir intentando, nunca se sabe lo que puede pasar”, confesó un diputado dialoguista, recordando que el año pasado los vetos se sostuvieron por márgenes muy estrechos.
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