El Gobierno pone en marcha el Consejo de Mayo con foco en la reforma laboral
Casi un año después de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el Gobierno nacional pondrá en funcionamiento esta semana el Consejo de Mayo, un espacio que busca impulsar reformas estructurales, entre ellas, una modernización del régimen laboral.
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📲 Click AQUÍ Primera reunión: martes en Casa Rosada
La reunión inaugural del Consejo se llevará a cabo mañana martes en Casa Rosada, bajo la presidencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Será el primer paso formal de este órgano, creado para articular políticas estratégicas con participación de distintos sectores, aunque la conformación inicial fue definida por decreto, ante la falta de postulaciones formales por parte de los actores implicados.
Integrantes designados
Los seis consejeros designados por el Poder Ejecutivo son:
- Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo Nacional
- Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto
- Carolina Losada, por el Senado
- Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados
- Gerardo Martínez (UOCRA), por el sector sindical
- Martín Rappallini (UIA), por el sector empresario
Reforma laboral, eje del primer debate
Durante el encuentro se abordarán los principales puntos del Pacto de Mayo, entre ellos la meta de establecer una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, considerado uno de los temas más sensibles de la agenda gubernamental.
En ese marco, la reciente resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre el nuevo Sistema de Cese Laboral será un eje central del debate. Esta herramienta, reglamentada la semana pasada, ofrece una alternativa a la indemnización tradicional prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Qué implica el nuevo Sistema de Cese Laboral
El modelo habilita a empleadores y trabajadores a crear, mediante Convenios Colectivos, mecanismos de cobertura ante desvinculaciones, gestionados a través de:
- Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI)
- Fideicomisos Financieros (FF)
El objetivo es dotar de previsibilidad y sustentabilidad al sistema de indemnizaciones, con participación voluntaria, aportes definidos y fondos inembargables.
Este esquema refleja la dirección que el Gobierno busca imprimir al mercado laboral, con eje en la desregulación, la flexibilidad y la reducción del litigio judicial vinculado a desvinculaciones laborales.
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