El Gobierno evalúa cambios en el formato de los informes del jefe de Gabinete ante el Congreso
La Casa Rosada trabaja en un proyecto para modificar la modalidad con la que el jefe de Gabinete debe presentarse ante el Congreso, según establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Aunque el texto constitucional señala que el funcionario debe concurrir una vez por mes en forma alternada a cada Cámara para informar sobre la marcha del gobierno, ninguna gestión ha cumplido cabalmente con ese mandato desde la reforma de 1994.
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El actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que, si bien existe la obligación de asistir, nunca se reglamentó cómo deben llevarse a cabo esas sesiones. A semanas de su presentación en el Senado —prevista para la segunda quincena de junio— el Ejecutivo afina detalles de un borrador que sería presentado a los jefes de bloque del Congreso.
Una sobrecarga que afecta la dinámica
Según señalaron desde La Libertad Avanza, el problema radica en el volumen y repetición de las preguntas que se remiten antes de las sesiones: “A Economía le llegaron cerca de 1.000 consultas en la última visita de Francos a Diputados. Se hace muy difícil congeniar todo, las sesiones después se convierten en pesadas y muchos legisladores aprovechan para el minuto de fama”.
El texto que analiza el Gobierno fue elaborado por Oscar Moscariello, secretario de relaciones parlamentarias y nexo entre el Ejecutivo y el Congreso. El objetivo sería establecer tiempos límites para las exposiciones (entre tres y cinco horas) y un mecanismo que ordene y reduzca la cantidad de preguntas previas, evitando duplicaciones.
Críticas y reclamos por la falta de tiempo
Durante la última exposición de Francos, realizada el 16 de abril en Diputados, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) expresó su malestar: “Hoy, a las 12 del mediodía, los bloques recibimos las respuestas. Fueron notificados periodistas antes que nosotros (…) Nadie pudo leer detenidamente las respuestas”, señaló. Su crítica apuntó a la imposibilidad de repreguntar con fundamentos, lo que afecta el rol deliberativo del cuerpo.
Francos respondió en el recinto que el mecanismo vigente no es razonable y que se trata de una práctica impuesta pero no reglamentada: “Se hicieron 4.000 preguntas —varias de ellas repetidas— de las cuales seleccionamos 2.300 para contestar”, explicó. Añadió que la carga para la administración pública es excesiva y que sería conveniente “una reglamentación conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo para ordenar este mecanismo”.
Sin norma clara sobre los tiempos y la forma
Francos también aclaró que, más allá de la obligación de asistir, no existe una normativa que especifique los plazos ni la modalidad de respuesta: “Tampoco hay una norma que diga con qué antelación ni de qué manera tienen que ser respondidas las preguntas (…) Aquí estoy para dar un informe general sobre la gestión y responder preguntas complementarias, aunque no hay obligación formal de hacerlo”.
La propuesta del Ejecutivo buscará entonces formalizar y acotar el alcance de estos encuentros, buscando mayor eficacia sin eliminar el espíritu de control parlamentario.
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