Cuánto cuesta importar un Tesla a la Argentina en forma particular

El Gobierno nacional anunció un nuevo régimen simplificado que permitirá a personas físicas importar vehículos de manera directa, sin necesidad de intermediación por parte de concesionarios ni terminales automotrices. La medida alcanza tanto a autos nuevos como usados y a vehículos de uso industrial, como camiones y maquinaria pesada.
El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que el nuevo esquema se basa en el principio de que si un vehículo está habilitado para circular en mercados como Estados Unidos o Europa, también debería poder hacerlo en Argentina. Según detalló, el trámite se simplificará mediante la exigencia de una Verificación Técnica Vehicular (VTV) nacional, en reemplazo de licencias especiales.
Un régimen aún sin implementación práctica
A pesar del anuncio, la medida aún no está operativa. Su entrada en vigencia depende de una reglamentación técnica pendiente por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Hasta tanto no se publique esa normativa, el proceso de importación particular sigue rigiéndose por las exigencias actuales, que incluyen:
- Licencia de Configuración de Modelo (LCM), emitida por el INTI.
- Licencia de Configuración Ambiental (LCA), otorgada por la Subsecretaría de Ambiente.
Ambos requisitos implican trámites complejos que, en general, sólo completan las terminales automotrices o importadores profesionales.
El nuevo esquema propone reemplazar la LCM por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que validaría modelos que cumplan normas internacionales aceptadas por Argentina. Esta modificación fue introducida por el Decreto 196/2025, que reformó la Ley Nacional de Tránsito.
Estimación de costos: el caso del Tesla Model Y
Para calcular el costo de importar un vehículo de manera individual, se puede tomar como ejemplo al Tesla Model Y, comercializado en Uruguay por la importadora Autoimport SAS. El precio publicado en ese país es de USD 69.900 con IVA incluido.
Al descontar el 22% de IVA uruguayo, se obtiene un valor FOB estimado de USD 57.295. A ese monto se le suman los siguientes costos:
- Flete y seguro: USD 2.500
- Arancel de importación (35%): USD 20.053
- Tasa estadística (3%): USD 1.719
- Logística local: USD 1.000
- Impuestos provinciales y nacionales (10%): USD 8.256
- IVA (21% sobre el subtotal): USD 19.073
Con todos estos cargos, el costo total estimado asciende a USD 109.896. Se trata de una cifra que triplica el valor FOB original, debido a la carga impositiva y los gastos logísticos.

Limitaciones técnicas y operativas
Además de los costos, importar un vehículo eléctrico como el Tesla Model Y implica considerar otros factores técnicos:
- Normas de homologación: El modelo debe cumplir con la normativa Euro 5, vigente en Argentina. Si no lo hace, puede enfrentar dificultades para obtener la aprobación.
- Equipamiento obligatorio: Algunos modelos importados carecen de elementos exigidos localmente, como el Control de Estabilidad (ESP). Su ausencia puede impedir la habilitación para circular.
- Repuestos y mantenimiento: Si el modelo no se comercializa oficialmente en el país, la provisión de repuestos es limitada, lo que encarece y demora las reparaciones.
- Seguros: Las aseguradoras pueden aplicar primas más altas o limitar la cobertura, especialmente si no hay presencia oficial de la marca en Argentina.
Posible ampliación a vehículos usados
El Gobierno también evalúa extender el régimen a la importación de autos usados. Si bien podría facilitar el acceso a modelos no disponibles en el mercado local, el riesgo logístico y técnico es mayor, especialmente en lo relativo al estado del vehículo y su documentación internacional.
En sectores como la minería o la industria petrolera, el nuevo esquema permitiría importar maquinaria y camiones usados, con un ahorro estimado del 40% en costos operativos, según declaraciones oficiales.
Por el momento, el Ministerio de Desregulación indicó que la reglamentación técnica estaría lista en dos semanas, aunque ya se registra más de un mes de demora desde la publicación del decreto.
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