Cristina Kirchner: los límites a visitas afectarían sus derechos políticos
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que los límites impuestos a las visitas durante su prisión domiciliaria afectan sus “derechos políticos y partidarios”, ya que supeditan su contacto con dirigentes políticos a una autorización judicial previa.
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📲 Click AQUÍ Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal una resolución del Tribunal Oral Federal 2, que permite el ingreso irrestricto solo a un listado acotado de familiares, abogados, custodios y médicos.
En caso de recibir a otras personas, deben presentar un pedido de autorización y fundamentar el motivo, lo que —según la defensa— genera una carga procesal innecesaria y limita derechos fundamentales.
702 pedidos de visita tras una publicación pública
Desde que el abogado Gregorio Dalbón difundió por redes sociales el correo electrónico oficial del tribunal, se recibieron más de 700 solicitudes para visitar a la ex presidenta en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
El juez Jorge Gorini, a cargo del Tribunal y de la ejecución de la condena, remitió todos los pedidos a los defensores, recordando que la normativa vigente indica que son los abogados quienes deben canalizar las visitas y justificar cada una ante la Justicia.
Argumentos de la defensa ante Casación
Según Beraldi y Llernovoy, la decisión del tribunal “limita derechos políticos” porque interfiere en la interacción de Cristina Kirchner con otros dirigentes, afectando su participación partidaria.
También advirtieron que el régimen de prisión domiciliaria solo exige cumplir con la restricción ambulatoria, y que “cualquier limitación adicional no está prevista legalmente”.
Intervención de Casación
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, será la encargada de resolver si el régimen de visitas puede flexibilizarse. Cabe destacar que los mismos magistrados confirmaron en 2024 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
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