Avanza la privatización de rutas: el Gobierno licita corredores que conectan con Brasil y Uruguay
El Ejecutivo nacional abrió la licitación pública para concesionar más de 700 kilómetros de rutas nacionales, en una nueva etapa del proceso de privatización vial. La medida quedó oficializada este martes mediante la Resolución 29/2025 publicada en el Boletín Oficial.
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La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales, interesadas en participar bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, con la posibilidad de encargarse de la construcción, administración, mantenimiento y explotación de los corredores, así como también de desarrollar servicios complementarios que generen ingresos adicionales.
Dos tramos estratégicos
Las rutas a concesionar forman parte del proyecto “Red Federal de Concesiones – Etapa 1” e involucran un total de 741 kilómetros divididos en dos secciones:
- Tramo Oriental: comprende las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, incluyendo tres pasos fronterizos con Brasil y Uruguay.
- Tramo Conexión: incluye el Puente Rosario-Victoria (Ruta Nacional 174), que vincula Santa Fe con Entre Ríos.
El Gobierno resaltó que el Tramo Oriental “es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al conectar tres de los cuatro países miembros del bloque regional”. También señalaron que incluye la conexión con la Represa Binacional Salto Grande.
Sobre el Tramo Conexión, se destacó que “resulta de importancia estratégica a nivel regional y para el desarrollo económico, social y logístico del país en general”.
Presentación de ofertas
Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 5 de agosto de 2025 a las 12:00 mediante la plataforma Compr.ar, y ese mismo día se realizará la apertura del Sobre N° 1 a través del sitio CONTRAT.AR.
Desde el Ejecutivo se remarcó que esta nueva red de concesiones no implicará subsidios estatales, a diferencia del esquema anterior, que se sostenía con aportes públicos sin brindar “beneficios reales para los usuarios”.
Además, se confirmó que Vialidad Nacional será el organismo responsable de supervisar y controlar los contratos de concesión, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas y el buen funcionamiento de la infraestructura.
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