Ajuste en salud: más de 58.000 pacientes con VIH podrían quedarse sin medicación por falta de stock público

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que más de 58.000 personas con VIH en Argentina corren riesgo de quedarse sin acceso a su tratamiento antirretroviral a partir de agosto, debido a la falta de stock y la ausencia de compras públicas recientes por parte del Estado. La advertencia fue publicada por el Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que alertó sobre el impacto directo de los recortes en salud pública implementados por el Gobierno nacional.

Faltantes de medicamentos clave

La principal preocupación se centra en el antirretroviral Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, del cual depende el tratamiento de unas 48.000 personas. Además, otras 10.500 personas requieren Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg, y según el informe, no se registran compras ni ampliaciones de stock en los canales oficiales.

En total, el sistema público de salud atiende a alrededor de 70.000 personas con VIH que acceden gratuitamente a su medicación a través del Estado. En caso de desabastecimiento, los tratamientos deberían ser costeados de forma particular, con un valor estimado de $128.850 por mes, una cifra inaccesible para la mayoría.

Causas del desabastecimiento

El informe señala que muchas de las compras previstas en 2023 nunca se concretaron, y que en 2024 el 75% de las adquisiciones se hicieron por compra directa, el nivel más alto de los últimos 13 años. Esto contradice los argumentos oficiales de que las decisiones adoptadas en materia de contratación buscaban mejorar la transparencia y evitar vínculos con un solo proveedor.

Además, se señala que la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis sufrió un recorte del 40% de su personal. En su momento, el Ministerio de Salud había asegurado que la restructuración no afectaría el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, el frente nacional que agrupa a pacientes y organizaciones del sector afirma que el recorte ya tiene consecuencias directas.

Presupuesto congelado y reducción del poder de compra

El informe también advierte que el presupuesto asignado a esta Dirección permanece sin cambios desde 2023, pese a que los insumos deben adquirirse mayormente en dólares. Esto representa una pérdida del 76% del poder adquisitivo, agravada por la falta de actualización de partidas en 2024 y 2025.

A su vez, se denuncia que el Gobierno no está utilizando el mecanismo del fondo estratégico de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), que permite adquirir ciertos medicamentos esenciales a precios muy bajos y con logística facilitada.

Reclamos por acceso a la información

Desde GEP también señalaron la falta de respuesta a los pedidos de informes realizados ante el Ministerio de Salud. “Exigimos que levanten el cepo a la información”, expresó José Di Bello, presidente de la fundación, quien advirtió que la situación podría agravarse en las próximas semanas si no se toman medidas urgentes.

La falta de stock, la demora en las licitaciones y el desfinanciamiento comprometen no solo la continuidad de los tratamientos, sino también el derecho a la salud de decenas de miles de personas en todo el país.

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