El Gobierno modifica la contratación de obra pública para fomentar la competencia
Con la Disposición 24/2025, se elimina el sistema de capacidad constructiva y se flexibilizan los requisitos para ingresar al mercado de obra pública.
El Gobierno nacional reglamentó un nuevo sistema para la adjudicación de obra pública, con el objetivo de simplificar el mecanismo de contratación y abrir el juego a más competidores, tanto locales como internacionales. La medida fue oficializada mediante la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial.
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En este marco, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que “durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley”, al que calificó como un “dislate” que limitaba el ingreso de nuevos actores al sector y promovía un reparto entre pocos oferentes. “Ambas cosas terminan de caer hoy”, aseguró.
Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Eliminación del sistema de capacidad constructiva, que condicionaba la participación de empresas en función de obras previas y compromisos asumidos.
- Ingreso igualitario para empresas sin antecedentes en obra pública, incluyendo a aquellas con experiencia en el sector privado o en el exterior.
- Simplificación en la inscripción y calificación de empresas, reduciendo la cantidad de documentación requerida.
- Creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que unificará el registro de Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Concesionarios para todos los interesados en participar en contrataciones del Estado nacional.
El nuevo esquema sustituye la anterior Disposición 16/2019, que exigía balances, certificados y otros documentos de hasta una década para calificar económicamente a las constructoras. Ahora, el foco estará puesto en el patrimonio, garantías y experiencia previa sin discriminar el tipo de obra ni su jurisdicción.
Con la puesta en marcha del Decreto 206/2025, complementado ahora por la disposición reglamentaria, se apunta a generar un entorno más competitivo, derribando las barreras que durante décadas beneficiaron a un número reducido de empresas. Aunque la implementación total del SICO aún está en curso, la ONC comenzó a aplicar ajustes graduales para calificar a los nuevos contratistas.
La medida representa un cambio estructural en la política de obra pública en Argentina y busca romper con un modelo que, según el Ejecutivo, favorecía a una “patria contratista” restringida y poco transparente.
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