El Gobierno avanza contra prácticas monopólicas en laboratorios veterinarios tras revisar beneficios del régimen fueguino
Luego de recortar beneficios al régimen de Tierra del Fuego, el Gobierno nacional extendió su política de desregulación al sector de laboratorios veterinarios, con foco en la producción y comercialización de la vacuna contra la fiebre aftosa. A través de la Resolución 333/2025, el Senasa estableció un nuevo mecanismo para autorizar la importación de productos veterinarios registrados en el exterior, reconociendo certificaciones extranjeras y eliminando requisitos técnicos locales que eran considerados barreras regulatorias.
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Según el nuevo esquema, los permisos deberán otorgarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, reemplazando los extensos procesos que demoraban hasta dos años. El cambio golpea directamente al negocio de la vacuna aftosa, dominado durante décadas por Biogénesis Bagó, único laboratorio habilitado bajo el anterior régimen.
La medida se basa en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que advirtió sobre regulaciones que limitaban injustificadamente la competencia. El organismo intervino luego de una denuncia conjunta de Tecnovax y la Sociedad Rural del Sur de Salta, que señalaban que las exigencias técnicas, como la prueba PGP, frenaban el ingreso de alternativas más económicas.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, reveló que Argentina contaba con una sola vacuna habilitada, mientras que Paraguay tenía siete. Además, denunció que la vacuna argentina, vendida a 1,20 dólares por dosis, era ofrecida en Paraguay por el mismo laboratorio a solo 0,35 dólares. El ministro aseguró que esta reforma permitirá ahorros anuales de hasta 100 millones de dólares en la cadena ganadera nacional.
Sturzenegger explicó que el presidente Javier Milei pidió resolver esta situación con urgencia, y que la norma resultó de un trabajo conjunto entre varias áreas del Ejecutivo. Luis Caputo, ministro de Economía, también celebró el cambio al considerar que facilita el acceso a insumos con estándares internacionales y potencia la competitividad.
El dictamen de la CNDC no solo cuestiona las exigencias técnicas, sino también la asignación exclusiva de zonas sanitarias y la obligación de que los entes tengan personería jurídica sin fines de lucro, lo que limitaba la participación de veterinarios independientes. Además, propone derogar el artículo 16 de la resolución SAGPyA 108/2001, que fija aranceles según valores de referencia oficiales, para permitir la libre negociación de precios.
Aunque la campaña de vacunación vigente no se verá alterada en lo inmediato, se prevé que a partir de 2026 puedan ingresar nuevas vacunas importadas. Empresas como Tecnovax, que ya tienen alianzas en Brasil, podrían ser algunas de las beneficiadas.
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