Diputados definen la baja de edad de imputabilidad: consenso general, pero fuerte rechazo del kirchnerismo

El Congreso entra en una etapa decisiva para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa será discutida este martes en un plenario conjunto de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados, con el respaldo del oficialismo, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica se oponen abiertamente.
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Proyecto con respaldo mayoritario y foco en la reforma integral
El proyecto propone reemplazar la actual ley 22.278, vigente desde 1980, por un régimen más amplio, con 53 artículos divididos en once capítulos, que apuntan a una reforma integral del sistema penal juvenil. Aunque el eje central es la baja en la edad de imputabilidad, también se incluyen alternativas a la privación de libertad, criterios de intervención progresiva y medidas de contención y acompañamiento.
Uno de los puntos que generó mayor consenso es que la privación de libertad sea el último recurso, y solo para delitos graves, estableciendo modalidades como prisión domiciliaria, internación en institutos abiertos o cerrados especializados, y prohibiendo expresamente las penas perpetuas para adolescentes.
El crimen de Kim Gómez, un disparador
El debate cobró fuerza luego del asesinato de Kim Gómez, de 7 años, arrastrada por el auto que le robaron a su madre. Los autores del hecho tenían 14 y 17 años, lo que avivó las demandas sociales y políticas para endurecer el régimen penal juvenil. Pese a las 15 propuestas presentadas, el proyecto con más consenso fue trabajado por diputados de varios bloques, y será puesto a discusión en las comisiones de Legislación Penal, Familias y Juventudes, Presupuesto y Justicia.
Resistencia del kirchnerismo y rechazo de la Iglesia
El bloque de Unión por la Patria rechaza en su mayoría la baja de imputabilidad, aunque el massismo presentó su propia propuesta con ese mismo límite de edad. En tanto, la Iglesia Católica, a través del obispo Dante Braida, expresó que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, sumándose a las críticas.
Medidas complementarias y garantías procesales
El proyecto también incorpora una serie de medidas no privativas de libertad que los jueces podrán aplicar según cada caso:
- Amonestaciones
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Tratamiento psicológico
- Inclusión educativa y laboral
- Prohibición de consumo de sustancias
A su vez, se establecen garantías procesales clave, como:
- Defensa legal desde el inicio del proceso
- Aplicación del principio de in dubio pro minoris
- Derecho a ser oído y participación activa
- Educación y resocialización como fines prioritarios
Un vacío legal que busca ser resuelto
El proyecto reconoce que hoy existe un vacío normativo: adolescentes de menos de 16 años pueden quedar detenidos bajo “medidas tutelares”, sin juicio ni defensor, en condiciones precarias. Esta situación fue uno de los principales argumentos para avanzar con una legislación que establezca normas claras, respetuosas de los derechos y con resguardo para la sociedad.
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