Aprueban protocolo para detectar trata de personas en buques pesqueros extranjeros

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la aprobación de un protocolo específico para detectar posibles casos de trata de personas en buques pesqueros extranjeros, a través de la Resolución 633/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich.

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La medida apunta a prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas, en especial cuando afecta a mujeres y niños, y se enmarca en un contexto de preocupación por la vulnerabilidad de las tripulaciones que operan en cercanías de la Zona Económica Exclusiva argentina.

“El delito de trata de personas configura una grave violación a los derechos humanos, que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional, que, en su vertiente más avanzada, implica la cosificación y sometimiento del ser humano afectando su libertad y dignidad”, expresa el texto de la resolución.

Riesgos y factores de vulnerabilidad

Según lo detallado en el documento oficial, los buques de flotas extranjeras de pesca que operan en alta mar podrían albergar personas en situación de vulnerabilidad por distintas causas:

• Condiciones socioeconómicas precarias,
• Engaños en el proceso de reclutamiento laboral,
• Intervención de agencias contratantes en distintos países,
• Aislamiento geográfico,
• Barrera idiomática,
• y la imposibilidad de comunicarse con tierra firme durante largos periodos.

Estos factores, indica el Ministerio, facilitan contextos propicios para delitos como la trata con fines de explotación laboral, además de otros delitos conexos.

Aplicación del protocolo

El protocolo aprobado, junto con su Anexo I (guía de preguntas exploratorias), será implementado por personal de la Prefectura Naval Argentina, organismo que tendrá a su cargo la detección de indicios cuando entre en contacto con tripulaciones de buques extranjeros en aguas bajo jurisdicción nacional.

Desde el Ministerio remarcaron que esta iniciativa responde a la necesidad de proteger los derechos humanos de quienes se encuentran en contextos laborales marítimos extremos, lejos del control jurisdiccional y en condiciones de aislamiento.

Con este paso, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de prevención y actuación frente a delitos complejos en el ámbito marítimo, ampliando el alcance de las políticas contra la trata de personas a escenarios hasta ahora poco regulados.

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