La represión en el congreso y el respaldo del Gobierno
A pesar de los más de 20 heridos que dejó la movilización de jubilados e hinchas de fútbol el pasado miércoles, el Gobierno relativizó la gravedad de la represión y manifestó su respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.
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Desde la Casa Rosada afirmaron que la funcionaria actúa con el total apoyo de Javier Milei, y aseguraron que las impactantes imágenes de la represión no tendrán consecuencias para la gestión. “La diferencia con Mauricio es que él se quedaba a la mitad”, afirmó un funcionario al comparar la situación con la de 2017, cuando se registraron disturbios mientras se debatía la reforma previsional.
Posturas encontradas dentro del Gobierno
Un funcionario consultado por Noticias Argentinas justificó el accionar de las fuerzas de seguridad y destacó que “la mayoría de la población apoya la determinación de poner fin a estos actos”. En la mesa chica oficialista se sostiene que la presencia de “barras bravas” en la manifestación demuestra que la protesta no fue espontánea.
Desde el Gobierno también han insistido en la idea de que la movilización formó parte de un “intento de golpe de Estado” promovido por sectores opositores. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó esta postura al afirmar que “hay grupos políticos que buscan desestabilizar” y que la protesta fue organizada con el lema “que se vayan todos”.
Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel adoptó una postura distinta al expresar su solidaridad con “todos los heridos” y considerar que la movilización fue un “ejercicio de la democracia”.
Por su parte, Patricia Bullrich vinculó los disturbios a Fernando Espinoza y Martín Insaurralde, asegurando que el objetivo es “desestabilizar al Gobierno” y anticipó que estas movilizaciones podrían repetirse semanalmente.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también respaldó el accionar policial y cuestionó a la jueza Karina Giselle Andrade, quien ordenó la liberación de los 94 detenidos. En consecuencia, anunció que la denunciará ante el Consejo de la Magistratura.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a las críticas al considerar a la magistrada una “cómplice” y responsabilizar al sistema judicial de la inseguridad en el país.
Finalmente, el secretario del Interior, Lisandro Catalán, utilizó sus redes sociales para reafirmar la posición oficial, sosteniendo que los disturbios fueron “una muestra de lo que los argentinos decidieron dejar atrás” y reafirmó la decisión del Gobierno de mantener el orden público.
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