Detalles del proyecto de ley sobre la regularización de la tenencia de armas
El próximo miércoles 7 de agosto, la Cámara de Diputados retomará sus actividades con una agenda destacada que incluye una propuesta clave: la regulación de la tenencia de armas de fuego, junto con una extensión del programa nacional de entrega voluntaria de armas para su destrucción.
La iniciativa, que fue presentada el 15 de mayo con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, busca modificar la Ley 26.216 sobre Armas de Fuego. Esta reforma introduce un nuevo proceso para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración simplificada que podrá realizarse en línea.
Además, si un solicitante renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días anteriores a su vencimiento, no será necesario que vuelva a demostrar su competencia en el manejo de armas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Otra parte importante del proyecto es la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Este programa permite a quienes posean armas sin autorización entregarlas de manera anónima y voluntaria para su destrucción, sin enfrentar repercusiones legales.
Se establece un periodo de 360 días para que las personas que posean armas no autorizadas se presenten ante la ANMaC. La agencia, con el objetivo de fomentar la entrega voluntaria, ofrece un incentivo económico mediante un cupón canjeable por efectivo.
Los interesados deben registrarse en el sistema virtual de la ANMaC, que detecta armas con pedidos de secuestro y las pone a disposición de la Justicia. Una vez entregada, el arma es inutilizada frente al usuario y luego destruida en un horno de alta temperatura.
Cabe destacar que la legislación se enfoca exclusivamente en la tenencia legítima de armas, y no en la portación, la cual sigue reservada para personal de fuerzas de seguridad y seguridad privada. La ANMaC, un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está encargada de registrar, fiscalizar y controlar actividades relacionadas con armas de fuego y materiales controlados.
Se estima que en el país hay alrededor de 800.000 armas no registradas ni autorizadas.
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