Empresario denunció presiones del sindicato de vigilancia

El pasado 2 de febrero fue asentada una grave denuncia en Fiscalía General San Nicolás por parte del representante de la empresa ‘Grupo Custodia SRL‘, Ramón Ortellado, quien aseguró que los gremialistas del Sindicato de Vigilancia, Roberto Mamoli, Favio Gómez y David Portillo, le exigirían la entrega de dinero a cambio de permitirle que siga con su actividad de seguridad y vigilancia.

Ortellado relató: “Nosotros tenemos una empresa de seguridad que compramos hace poco más de un año. Estaba a punto de quebrar, sabíamos que tenía un montón de problemas financieros y se la compramos a gente de San Pedro para regularizarla para tratar de reflotarla. Nosotros la viabilizamos, pusimos la oficina acá en la ciudad, la trasladamos de San Pedro hasta San Nicolás, hicimos todo para levantarla. Nos hicimos cargo de los trabajadores que estaban sin cobrar, hemos pagado, la hemos levantado. Antes la empresa nunca había tenido un requerimiento de AFIP, una inspección del Ministerio de Trabajo o un reclamo del Sindicato; desde que los muchachos del gremio vinieron con esta propuesta de que les paguemos para dejarnos tranquilos y la rechazamos, comenzó la persecución, las denuncias de la AFIP, del Ministerio de Trabajo que buscan perjudicarnos. La gente del sindicato fue a recorrer clientes nuestros, trajeron otras empresas de seguridad de afuera para que visiten a nuestros clientes y nos dejen sin trabajo. De hecho, ya hay una que rescindió contrato cediendo a la presión. Nos mandaron una nota para desvincularnos, que justamente hoy voy a anexar en la ampliación de denuncia. Lo conocía a Mamoli, los conozco a todos; nunca pensé que esta gente era así, recibíamos amenazas de que si no accedíamos, no nos iban a dejar trabajar, que nos iban a sacar nuestros clientes, pero no pensé que lo iban a cumplir. Nos cansamos de poner plata”.

Denuncia

El representante de la empresa ‘Grupo Custodia SRL‘, ubicada en Balcarce al 50, señala específicamente a los sindicalistas por la comisión de los delitos de extorsión.

Los nombrados pertenecen al Sindicato de UPSRA (Unión del Personal de Vigilancia de la República Argentina), asegurando que el accionar de los mismos afecta sus derechos constitucionales de libertad de trabajo y de propiedad privada afectando también las fuentes de trabajo.

Detalles de la denuncia

• El día martes 26 de abril de 2022, aproximadamente a las 10, el señor Roberto Mamoli, directivo de
  UPSRA se comunica telefónicamente conmigo y me dice que va a mandar a una persona a mi oficina, de
  nombre Favio Gómez, porque necesita una de la Empresa, continua diciendo
  el día del vigilador nacional, viene a San Nicolás el Secretario General del gremio a festejar con la comisión y van a realizar un almuerzo entre ellos. Además continúa Mamoli, va a hacerte conocer cuáles
  son las condiciones entre Empresa y Sindicato para que todo marche sin conflictos y en paz.
• El 28 de abril vino a mi oficina a la hora 11.30 aproximadamente, el señor Favio Gómez quien solicita
  comunicarse conmigo, a quien atiendo y me dice:

a) Que viene a buscar la colaboración para la cena informada con el Srio General del Sindicato.
b) Que le manifestó Roberto Mamoli, que debía prepararle $ 1.000.000 (un millón de pesos) porque iban a cambiar de sede el Sindicato y necesitaban dinero para el traslado.
c) Que a la suma solicitada debía agregarle un adicional de $ 300.000 (trescientos mil pesos) para darle
al delegado regional de la Delegación San Nicolás, Doctor Marcelo Herrera”.

• Ramón Ortellado afirma que le preguntó a Favio Gómez en carácter de qué norma reglamentaria debía realizar esos aportes y sostiene que la respuesta fue: “para no tener conflictos gremiales y para que el Ministerio no controle ni multe bajo ninguna circunstancia a la empresa”.

• Después de mi terminante rechazo a la extorsión, comenzaron con las presentaciones al Ministerio de Trabajo, y este a inspeccionarnos, citarnos, intimarnos y multarnos, por supuestas transgresiones Empresariales. Este hecho me hace temer una confabulación con el delegado del Ministerio que debe ser investigada”, afirma Ortellado y comienza a detallar algunas situaciones en las que fundamenta su sospecha:

• Las inspecciones e intimaciones del Ministerio fueron cada vez más frecuentes, a pesar de haber puesto en conocimiento a ese órgano provincial de las condiciones en que recibimos la empresa, el esfuerzo que estamos realizando para mantener la fuente de trabajo y la normalización salarial de los trabajadores.
• Como colorario de las intimidaciones proferidas por el señor Favio Gómez, mandado según sus palabras por el señor Roberto Mamoli, al día de la fecha, este último, está recorriendo las empresas donde prestamos servicios, solicitando el distracto con Grupo Custodia y presentando a nuevos prestadores”.

Finalmente, en su denuncia pide por la “defensa de la libertad de trabajo, la protección de la fuente de trabajo” y “la propiedad privada”, así también insta a una rápida investigación “por la comisión del delito de extorsión, Art. 168 del CP” para poner fin “a estos hechos de corrupción”.

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